productor de sostenibilidad pintarlo de verde (o azul) únicamente cambiaría el color

EMAS III: información ambiental

Otro de los aspectos que me inquieta, en el proceso de revisión, es el artículo 33 de la nueva propuesta de reglamento EMAS. Entre otras cosas se puede leer:

“Los Estados miembros establecerán un sistema que garantice que se proporcione a las organizaciones que se hallan inmersas en el proceso de inscripción en el registro, previa solicitud, información y asistencia sobre los requisitos jurídicos en materia de medio ambiente en el Estado miembro considerado.”

Me parece increíble que una norma europea con un artículo como este no haga referencia en ninguna parte a la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental. Esta directiva, que ha dado lugar a la creación de unidades especializadas en información ambiental por parte de la Administración, establece, entre otras cosas, que:

“ Los Estados miembros harán lo necesario para que las autoridades públicas estén obligadas, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Directiva, a poner la información medioambiental que obre en su poder o en el de otras entidades en su nombre a disposición de cualquier solicitante, a petición de este, y sin que dicho solicitante esté obligado a declarar un interés determinado.”

“los Estados miembros garantizarán que:

a) se exija a los funcionarios que asistan al público cuando trate de acceder a la información;

…”

“Los Estados miembros velarán por que las autoridades públicas informen al público de manera adecuada sobre los derechos que les otorga la presente Directiva y por que faciliten en la medida en que se considere apropiado información, consejo y asesoramiento al efecto.”

“La información que se haya de facilitar y difundir será actualizada si procede e incluirá como mínimo:

a) los textos de tratados, convenios y acuerdos internacionales y los textos legislativos comunitarios, nacionales, regionales o locales sobre el medio ambiente o relacionados con él;

b) las políticas, programas y planes relacionados con el medio ambiente;”

Me inquieta que EMAS III no haga mención a una Directiva porque es un indicador bastante claro, al menos, de todos o alguno de los siguientes aspectos:

• Los agentes implicados en materia de información ambiental no están participando en el proceso de revisión de EMAS.
• Los agentes que participan en la revisión de EMAS ignoran (voluntariamente o no) la existencia de legislación sobre el acceso a la información ambiental.
• Los grupos de interés que participan en la revisión de EMAS desprecian (o desconocen) los mecanismos puestos en marcha para facilitar el acceso a la información ambiental por parte de la Administración.
• Los agentes implicados en la revisión de EMAS tienen incentivos para desacoplar EMAS de la normativa en materia de acceso del público a la información medioambiental.
• Existen incentivos para que el modo en que accede a la información ambiental el "público" sea distinta de la forma en la que acceden las organizaciones en EMAS.

¿Estamos coordinando eficazmente los distintos instrumentos de información y participación? ¿Tenemos en cuenta de forma adecuada los requisitos de los ciudadanos o los procesos normativos únicamente atienen a los intereses de una parte de los afectados? ¿EMAS III es un mecanismo de información al mercado sobre el desempeño ambiental de las empresas o una forma de conseguir un mayor número de organizaciones adheridas con el menor esfuerzo posible?

EMAS III: certificando el cumplimiento legal

En la propuesta para la nueva versión del Reglamento EMAS podemos leer:

“Las organizaciones podrán solicitar a la autoridad o autoridades competentes en la aplicación de la legislación medioambiental una declaración de conformidad con arreglo al artículo 33, apartado 5.”

Artículo 33, apartado 5:

“Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes en la aplicación de la legislación medioambiental respondan a las preguntas de las organizaciones sobre los requisitos jurídicos aplicables en materia de medio ambiente que sean de su competencia y por que les proporcionen información sobre el grado de cumplimiento por su parte de esos requisitos.”

¿Qué sentido tiene esta declaración de conformidad, en lo que se refiere al cumplimiento legal, expedida por la autoridad competente?

Yo que tenía puesta toda mi fe en que EMAS era el mecanismo al que accedían las organizaciones concienciadas ambientalmente y con capacidad y ganas de probar públicamente que cumplen con los requisitos de la legislación ambiental y otros objetivos autoimpuestos de desempeño ambiental. Es más, creía firmemente que los trámites necesarios para estar al día con la legislación aplicable dejan registros documentales trazables sobre ese cumplimiento.

En mi defensa alegaré que me habían enseñado que, en un contexto en el que la Administración no tenía recursos suficientes como para perseguir a "los malos", la industria se inventó un mecanismo de mercado para diferenciar a "los buenos". Está visto que desde que no existe el infierno esto de buenos y  malos hay que hacérselo mirar. En cualquier caso, se me antoja ridículo que ahora esa misma industria quiera trasladar a la Administración la labor de separar el polvo de la paja.

Escudarse en el lento funcionamiento de la Administración para justificar la carencia de una licencia de actividad o una autorización de vertido siempre me ha parecido un juego bastante perverso (en el que he de confesar haber echado alguna partida), especialmente si hablamos de una organización que pretende demostrar su compromiso con el medio ambiente y diferenciarse en el mercado por su comportamiento "verde". Del mismo modo, me parece poco coherente pedir de la Administración la certificación del cumplimiento de unos requisitos legales cuyo cumplimiento genera autorizaciones, inscripción en registros y otros requisitos documentales. ¿Tener "los papeles en regla" no es suficiente garantía de cumplimiento de la normativa?

Desde mi particular punto de vista, introduciendo esa declaración de conformidad, estamos trasladando la prueba del cumplimiento de la normativa aplicable desde la organización interesada en adherirse a EMAS a la Administración que, por otro lado, ya tenía el papel de garantizar que la organización cumplía con los requisitos legales aplicables antes de inscribirla en el registro EMAS.

Así las cosas me planteo... ¿Estamos reformando EMAS en el sentido correcto? ¿Realmente buscamos conseguir un mayor nivel de proteción del entorno y de información al consumidor sobre el desempeño ambiental de las organizaciones? ¿Nos estamos quedando en ponérselo fácil a los que quieren vendernos que hacen las cosas bien y nos estamos dejando algo importante por el camino?