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Legislación y normalización

Compartiendo inquietudes sobre la gestión de residuos en el Congreso

Gracias a la propuesta del grupo Unidas Podemos he tenido la oportunidad de comparecer ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico expresando mi opinión sobre la Ley de residuos y suelos contaminados en tramitación.

Tengo que agradecer a Juan López de Uralde y Beatriz del Hoyo la oportunidad de expresarme en este foro. No es la primera vez que me ayudan a llegar más allá de este blog. Primero me abrieron la puerta de Ecologismo de Emergencia, donde he ido compartiendo algunos artículos de opinión. Y ahora llevan mi voz al grupo de personas que está trabajando en la ley que va a regular el apasionante mundo de la gestión de residuos.

Así, a las consideraciones que aporté en el proceso de información pública he podido añadir algunas reflexiones sobre lo que me gustaría ver en esta ley. Y llevarlas al grupo de personas que tienen la responsabilidad de articular las disposiciones que regirán la gestión de residuos durante los próximos años.

Para la intrahistoria queda mi reencuentro con Alberto “FIDA” a quién conocí cuando él era técnico de aquella fundación y yo trabajaba subcontratado en la Dirección General de la Consejería de Medio Ambiente de la que dependía la fundación. O el momento en el que el diputado que calificó de naïf alguna de mis propuestas se acercó a comentarla conmigo y el posterior momento de charla con los que se habían sentido agraviados (no tanto como yo creía) por que mis ejemplos se centrasen en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

El nerviosismo y la falta de experiencia se tradujeron en un venirme arriba en el turno de respuesta, sin concretar las que expresamente se me habían solicitado en relación a temas concretos a petición de varios de los grupos. Me calenté con algunas ideas y no aterricé en el detalle que se me había pedido.

A continuación dejo el guion que había preparado para la comparecencia, no fui capaz ni de memorizarlo ni de leerlo textualmente, pero creo que las ideas principales quedaron sobre la mesa. Espero que se escuchen y contribuyan a mejorar el texto de una ley con la que nos jugamos mucho.

COMPARECENCIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS (30/6/2021)

Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

Alberto Vizcaíno López

En primer lugar quería agradecer a sus señorías la invitación para comparecer ante esta Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico y la oportunidad de trasladarles mis inquietudes sobre la ley de gestión de residuos y suelos contaminados que ustedes tramitan.

Me gustaría empezar recordando que, según la legislación, residuo es cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. En el contexto en el que se generan los residuos no valen nada. Pero sí tienen impactos negativos y ocasionan costes al conjunto de la sociedad. Y eso es lo que están legislando, los conflictos que causa la distribución de los costes y de los impactos que provoca nuestro modelo de producción y consumo.

Los residuos son indicadores. Cuando salimos a la calle y vemos sacos de escombros abandonados en los alcorques lo de menos es el problema de los desechos. Lo que huele mal en este caso son las condiciones en las que se realiza una actividad económica.

Cuando los contenedores de recogida selectiva rebosan de residuos lo que tenemos delante es una señal sobre una mala dotación de recursos para la recogida. Podemos ignorar estos avisos o estudiar las causas y dar respuestas adecuadas.

Si los residuos son un indicador de los procesos productivos o del modelo de consumo, la ley de residuos nos habla del tipo de desarrollo que queremos darnos.

Hasta ahora la ley arbitra bastante bien el conflicto de intereses entre las partes que pueden aprovecharse de las disposiciones que finalmente queden en el articulado, pero no atiende adecuadamente el interés general. Desde mi punto de vista la norma peca de aplazar las soluciones conocidas y que debemos adoptar. No podemos olvidar que en 2021 seguimos sin transponer adecuadamente requisitos de una directiva de 2008, entre los que figuraban la recogida separada de materiales y la gestión de los bioresiduos. Y que tenemos modelos de recogida como el húmedo / seco, compatibles con esos requisitos, que están dando buenos resultados allí donde se han mantenido.

Para disminuir los problemas de la producción de residuos hace décadas que todos los europeos nos dimos una jerarquía que hacía buena la idea de que el mejor residuo es el que no se genera. La prevención es el primer paso para avanzar en la senda de las soluciones: prevenir, reutilizar y, cuando no quede más remedio reciclar.

En medio ambiente hablamos de soluciones al final de tubería. Y algunas de las medidas que se plantean en la normativa de gestión de residuos están en este ámbito. En vez de solucionar los problemas que generan los residuos tratan de esconderlos debajo de la alfombra creando nuevos conflictos de intereses. Muchos de ellos relacionados con la aplicación del principio de “quien contamina paga y repara”. Necesitamos una norma que concrete quienes son los que contaminan, cuanto tienen que pagar y qué hay que reparar.

No lo digo yo, nos lo dicen desde Europa. Llevan tiempo recomendando que nos tomemos en serio la responsabilidad ampliada del productor y reforcemos los mecanismos con los que la aplicamos en nuestro país.

La responsabilidad ampliada del productor es un conjunto de reglas con las que nos aseguramos de que quienes ponen en el mercado productos que con su uso se convierten en residuos toman las medidas y asumen los costes de recoger y gestionar adecuadamente esos residuos.

Y esto tiene que ser así porque, por mucho que todos tengamos nuestra parte de responsabilidad en materia de gestión de residuos, no todos tenemos la misma capacidad de actuación ni obtenemos los mismos beneficios.

Estoy de acuerdo en que quien abandona residuos en la naturaleza es una persona. Analicemos si esa persona lo hace en su tiempo libre, como trabajador de una empresa que debería dar salida a un producto fuera de uso o como parte de una economía informal de subsistencia.

La ley de residuos y suelos contaminados que tenemos en la mano sigue sin concretar un marco común de responsabilidad ampliada para todos los productos que con su uso se convierten en residuos. Es más, aplaza decisiones y las distribuye en una profusión de reglamentos a la medida de los sectores a los que pretendemos asignar esa responsabilidad ampliada del productor.

Es urgente concretar en la ley un mínimo aplicable a cualquier producto, con independencia del desarrollo legal que después requieran sus características concretas. A modo de ejemplo, una medida tan básica como que quien pone estos productos en el mercado esté obligado a admitir su devolución debería ser un requisito genérico y común a todos los flujos de residuos. Quizá el cómo se articula esa entrega sí requiera una reglamentación diferente para algunos casos concretos.

Pero si el mensajero que trae una compra a casa tiene la obligación de llevarse de vuelta los embalajes (que no sirven de nada al cliente final y únicamente cumplen una función durante el transporte de la mercancía), evitamos la ocasión de que se conviertan en residuos.

La recogida dentro de la cadena de valor del producto es clave para favorecer una economía circular. Si en vez de despeñar lavadoras viejas ladera abajo las recogemos y almacenamos en una instalación adecuada podríamos desmontarlas y conseguir lavadoras igual de viejas, pero funcionales y listas para ser utilizadas.

La economía circular es una estrategia con la que los bienes producidos siguen siendo valiosos, evitando que se conviertan en residuos. Igual que la jerarquía normativa, la economía circular solo contempla el reciclaje como la última opción y la menos deseable de todas las formas posibles de poner en valor un residuo.

Podemos culpar a las personas o analizar cómo el problema de las basuras dispersas está causado por modelos concretos de producción y por la falta de sistemas de recogida adecuados para atender las consecuencias de decisiones corporativas que trasladan costes fuera de sus cuentas de resultados.

Me parece curioso que la ley hable de identificar los productos que constituyen las principales fuentes de basura dispersa mediante metodologías acordadas existentes en España cuando la propia industria del plástico nos da el dato: cerca del 40% de todo el plástico que se consume anualmente en Europa se destina a envases. Sigamos estudiando lo que haga falta, pero tomemos medidas urgentes para resolver los problemas que la propia industria nos da identificados. Una industria que, cuidado con esto, está financiando activamente asociaciones y organizaciones que acuerdan metodologías de trabajo para estudiar las basuras dispersas.

No perdamos de vista que si esta ley tuviese un mecanismo por el cual el ayuntamiento, la confederación hidrográfica o la administración de turno que asume la limpieza del río convertido en un vertedero incontrolado pudiera trasladar los costes a los productores estos tendrían un incentivo para evitar que sus productos (colchones, muebles, electrodomésticos, vehículos…) acabasen en manos de los circuitos informales de recogida. Y quizá en vez de financiar organizaciones que estudien las basuras dispersas estarían creando empresas para evitar que esos productos se conviertan en residuos.

Para que la economía circular funcione necesitamos profesionales que presten servicios en ese esquema y demanda para sus servicios. Podemos sacar de la economía sumergida al chatarrero informal si en vez de recoger lavadoras para triturarlas y vender sus materiales al peso, formamos profesionales que las revisen, recuperen sus componentes y las pongan nuevamente en servicio. Evitamos residuos y generamos oportunidades de empleo.

La función de la ley de residuos y suelos contaminados reside, básicamente, en organizar una estructura de costes que finalmente pagamos las personas particulares, los ciudadanos. Y no es justo que soportemos todo el sistema sin obtener beneficios del mismo. Distintos modelos de recogida y gestión crean distintas oportunidades de empleo y distribución de la riqueza. Personalmente me da igual si los costes se incluyen en el precio de la compra de los productos o en las tasas municipales de basuras o en otras partidas impositivas. Todo sale de mi bolsillo. Lo que necesitaría es un sistema de precios que refleje adecuadamente los costes de cada decisión de consumo.

Así, si comprar a granel genera menos residuos, crea empleo de calidad en la cadena de valor, fomenta la producción local –reduciendo la necesidad de transporte– favorece el comercio de proximidad ¿Por qué sale más barato comprar productos envueltos en capas y capas de plástico de usar y tirar? Porque la ley de residuos y suelos contaminados no hace un reparto adecuado de los costes ambientales, económicos y sociales que genera ese plástico.

En este sentido llaman impuesto al plástico a lo que en realidad es una subvención. Mientras que desde Europa se nos exige una contribución de 80 céntimos de euro por kilogramo a los residuos de envases plásticos no reciclados nuestro impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables es de solo 45 céntimos de euro por kilogramo. Si la diferencia va a salir del bolsillo del contribuyente, mejor que esta partida se refleje en el precio de los productos envasados que recaudarla vía impuestos. Si todos los costes quedan dentro de la cadena de valor de los productos y servicios es más fácil enviar señales al mercado y a los consumidores.

Aquí quiero destacar el papel que en su día jugó la Etiqueta Ecológica Europea para poner unos criterios mínimos comunes para quien quisiese diferenciarse en el mercado. El texto actual de la ley de residuos desvirtúa este esfuerzo introduciendo las palabras “sostenible” y “reciclabilidad”.

Como ustedes saben el término “ecológico” y su uso aplicado a productos y servicios está regulado con unos criterios concretos acordados públicamente por todos los agentes interesados en esos productos y servicios ecológicos. Pero la palabra “sostenible” no lo está, con lo que se utiliza creando inseguridad al consumidor y a los agentes que pretenden diferenciarse en el mercado por su comportamiento ambiental. Por ello les insto a eliminar esta palabra de la ley cuando hablan de “Contratación pública” y a que utilicen el término “ecológico” en el sentido en que se define en el Reglamento europeo relativo a la etiqueta ecológica y el Reglamento sobre producción ecológica y etiquetado de productos ecológicos. Si necesitan ideas creativas pueden inspirarse en los criterios europeos de contratación pública verde, por aquello de la unidad del mercado.

En este mismo sentido les recuerdo que para cualquier cosa que tengan a mano ahora mismo existen procesos industriales capaces de recuperar los materiales y convertirlos en nuevas materias primas. Lo que no existe es una demanda para el resultado y, en muchos casos, ni siquiera existe un sistema adecuado de recogida que haga viables los procesos de reciclaje.

Si se trata de facilitar información, más que hablar de reciclabilidad, sería interesante concretar qué dotación de medios se está poniendo a disposición del ciudadano. En esta ciudad, en Madrid capital, la capacidad de recogida selectiva no llega ni al 30% de todos los residuos de envases ligeros que efectivamente se recogen y llegan al Parque Tecnológico de Valdemingomez.

Así pues, si la industria del envase de usar y tirar quiere hablar de las bondades de sus soluciones puede proponer criterios de etiquetado ecológico para sus envases como existen para el sector textil, para pinturas, para papel y para otras muchas líneas de productos en cuyas cadenas de valor hay agentes dispuestos a aportar soluciones reales a los impactos ambientales, económicos y sociales de sus modelos de negocio.

Por aterrizar todo esto a algunas medidas concretas que me gustaría ver en la ley en la que trabajan ustedes me voy a permitir el lujo de proponer algunas ideas para mejorar esta norma aportando soluciones a problemas concretos:

– Transparencia. La norma mantiene la opacidad sobre la cantidad de productos que entran en el mercado y que con su uso se convierten en residuos ¿Cómo pueden los ayuntamientos y las comunidades autónomas dotarse de recursos suficientes para recogida y tratamiento si no hay una información transparente y trazable sobre la cantidad de residuos que deberían atender? ¿Cómo calculamos el porcentaje de residuos que hemos recuperado si no sabemos cuantos hay que recoger? ¿Qué significa una tasa de reciclaje que no se refiere al total de los residuos generados porque desconocemos ese dato?

Y no se trata de ocultar la falta de transparencia bajo tecnologías blockchain, o el Internet of Everything -que sirven más para controlar los hábitos de consumo de las personas que para simplificar la gestión de residuos- se trata de mantener y auditar registros de entradas y salidas para que podamos saber en todo momento si un residuo ha sido asignado a un gestor, si ha sido procesado adecuadamente, si se ha convertido en materia prima, si se ha exportado o si está abandonado en alguna parte, ardiendo en un incendio “fortuito” o en otro destino menos apropiado.

– Dotación de personal: Sin una dotación adecuada de personal para que cada administración con competencias atienda sus funciones en la materia (tramitación de procedimientos, tratamiento de datos, vigilancia, inspección…) la ley seguirá sin ser una herramienta adecuada para resolver problemas.

– Potenciar el uso de fibras locales: generando oportunidades en el medio rural, priorizando fibras vegetales y animales, como la lana, que ha sido desplazada por el plástico en usos cotidianos donde podría seguir utilizándose.

– Formación profesional para la economía circular. Necesitamos crear oportunidades laborales, especialmente en la juventud. Por eso creo que esta norma podría crear un marco para la formación profesional sobre las oportunidades de distintos flujos de residuos, en particular en la reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos y sus componentes: actualmente llamamos reciclaje a un proceso que consiste en triturar los electrodomésticos y dispositivos tecnológicos que, siendo plenamente funcionales, dejan de ser atractivos o quedan obsoletos por una actualización de software.

A la vista de los problemas que está creando la creciente escasez de chips nuevos, crear una línea de formación profesional en este ámbito puede poner a nuestro país a la cabeza de una cada vez más necesaria industria de la recuperación de componentes electrónicos. Contribuyendo a cerrar la brecha tecnológica en la que muchas familias no disponen de un equipo adecuado con el que sus hijos puedan hacer las tareas escolares.

– Marco para la electrificación de vehículos existentes. Esta medida nuevamente pasa por una formación profesional especializada y un marco legal, que podría definirse en esta ley de residuos, destinado a prevenir las toneladas de chatarra, reutilizando la estructura y los componentes funcionales del parque móvil presente y quizá generando un nicho de actividad económica en el que podríamos ser referente mundial, si somos capaces de adelantar a países que ya están en esta línea.

– Agua. Incluyan claramente el agua de grifo en la redacción del texto. Bebiendo agua de grifo podemos ahorrar una cantidad importante de materias primas, emisiones de efecto invernadero y de residuos que gestionar. La ley hace un gesto en este sentido pero la palabra grifo no aparece en el articulado.

De nada sirve “fomentar el consumo” si no hay un tratamiento de potabilización adecuado, si no tenemos un seguimiento de la calidad, si no se hace mantenimiento de las redes de suministro y las tuberías de los edificios. O si el ayuntamiento que debería garantizar el suministro de agua de grifo autoriza en su territorio macro proyectos (ganaderos, mineros, energéticos o turísticos) que comprometen la disponibilidad de agua potable y llevan a los vecinos a subvencionar estos proyectos con la compra de agua embotellada.

– Salud. Una cosa muy útil, atendiendo al criterio de salud que apenas tiene desarrollo en el articulado de la ley, sería obligar a incluir en las etiquetas información sobre sustancias como los disruptores endocrinos. Por ejemplo los bisfenoles que se siguen permitiendo en latas de bebidas y para conservas comercializadas en nuestro país pero que están prohibidos en países de nuestro entorno.

Pero también sobre otros plastificantes dañinos presentes tanto en los envases de plástico, como en los recubrimientos de los envases metálicos o multicapas con cartón y papel o incluso en alternativas que se nos presentan como más sostenibles y no resultan serlo tanto.

Y no sólo sobre las sustancias en los materiales en contacto con alimentos, también en otros productos (cosméticos, limpieza, aparatos eléctricos y electrónicos…) donde la presencia de estas y otras sustancias con efectos de disrupción endocrina pueda ser un problema para la salud y un riesgo para los usuarios.

– Educación ambiental. La correcta gestión de residuos y la participación de las personas depende de que dispongamos de una buena educación ambiental.

Quiero destacar aquí que no tenemos títulos oficiales de formación profesional básica ni de grado medio en este ámbito (ni en el de la educación ambiental ni en el de la gestión de residuos).

Dada la importancia que se concede a la sensibilización, concienciación, educación e incluso a la formación, estaría bien que la propia ley de residuos dedicase un capítulo a organizar un cuerpo profesional en la materia, asignando recursos personales, materiales y económicos a este asunto.

– Fiscalidad finalista. Los ayuntamientos que he podido consultar me indican que no tienen recursos para hacer campañas de prevención o actividades de educación ambiental. Carecen de personal para inspeccionar o hacer seguimiento de la gestión de residuos. Necesitamos que los ingresos que se generen en relación a la gestión de residuos, incluido el régimen sancionador, se destine a fomentar medidas que ayuden avanzar en una economía de residuo cero.

Señorías, esta ley no va de basuras. Va de oportunidades, de empleo, del lugar que queremos que ocupen nuestras empresas en el futuro. Si queremos que sean el nicho de especuladores oportunistas o si queremos que aporten recursos para que nuestros hijos puedan vivir dignamente. De si queremos que abran puertas giratorias para unos pocos o de si vamos a crear oportunidades para todos.

Los costes ni se crean ni se destruyen, solo se reparten. Si se reparten adecuadamente conseguiremos una ley justa que nos ayude a reducir el impacto que causan los residuos. Quizá podemos utilizar el argumento que una sociedad castigada por una crisis económica demanda precios baratos en los bienes que consume. Pero ¿Qué pasa con el impacto social y a la salud de esos productos de bajo coste monetario?

Al final los ciudadanos particulares asumimos todos los costes del sistema. La diferencia es si ese sistema genera empleos de calidad, alimentos saludables, bienes y servicios que atienden necesidades reales o, si por el contrario, fomentamos la precariedad laboral y la miseria en toda la cadena de valor de los productos consumidos.

Gracias por su tiempo y su atención.

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