¿Qué es la información ambiental?

El sector ambiental está lleno de términos más o menos atractivos que se pervierten con relativa facilidad. El ejemplo de libro es utilizar el adjetivo ecológico indiscriminadamente para intentar vender más de lo que sea a un público sensibilizado con la repercusión de su modelo de consumo sobre el entorno.

Igual que el uso del adjetivo ecológico está regulado, el concepto y la definición de información ambiental están recogidos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente:

Información ambiental: toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones:

a) El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos.

b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a).

c) Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos.

d) Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental.

e) Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c), y

f) El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b) y c).

Creo que es necesario volver a la definición cuando, por más que se dedican subvenciones al fomento de la información ambiental en los medios de comunicación o se convocan jornadas y talleres de información ambiental para periodistas, las secciones especializadas de los medios de comunicación (beneficiarias de esas subvenciones o en las que trabajan esos periodistas) apenas atienden a las cuestiones que aparecen en la definición de información ambiental. Y es lógico, los medios de comunicación de masas se deben a sus clientes, que rara vez son los consumidores de la información que ofrecen.

El modelo de negocio de los medios de comunicación de masas se basa en los ingresos por publicidad y, en el caso particular del sector ambiental, los 375.000 euros anuales que la Fundación Biodiversidad reparte entre los 14 principales medios de comunicación en forma de subvención directa a sus espacios dedicados a medio ambiente. Entre 12.000 y 45.000 euros en la edición de 2014 destinados, salvo excepciones puntuales, a espacios en los que se reproducen sistemáticamente y sin ningún tipo de crítica o revisión las notas de prensa de la propia Fundación Biodiversidad, el ministerio del ramo y, en el mejor de los casos, el gobierno autonómico de turno. Afortunadamente no se puede meter a todos en el mismo saco, me disculpen que, ni para bien ni para mal, señale con el dedo.

¿Por qué es importante recordar que existe una legislación que define qué es la información ambiental? Porque esa información ambiental es la base de la participación en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Si los ciudadanos no sabemos del estado y evolución de nuestro medio ambiente, de las medidas y actividades que puedan afectarlos o de los procesos de participación abiertos ¿Cómo vamos a contribuir en el modelo de desarrollo sostenible? ¿Qué margen de actuación queda a las organizaciones civiles?

Que el patrocinio privado no tiene mayor interés en este ámbito está claro. Detrás de ciertas campañas verdes y azules se esconden políticas corporativas encaminadas a condicionar desarrollos legislativos para que favorezcan intereses particulares sin importar las consecuencias ambientales. Hasta aquí ningún problema, lógico que la corporación quiera hacer valer sus criterios y lógico que el medio al que financia pregone sus argumentos. Y si no estás conforme a la calle que hay muchos periodistas en paro.

Para eso está la legislación que debería favorecer el acceso a cualquier ciudadano a los datos que justifican las decisiones y permitir la participación en los procesos legislativos. Y el dinero público destinado al fomento del periodismo de información ambiental. 375.000 euros reservados a grupos de comunicación de publicación diaria y ámbito nacional. Si no eres un periódico o una cadena de radio o televisión estás fuera. Lógico ¿Se imaginan qué podrían hacer 50 o 100 blogueros independientes con 3.000 o 6.000 euros al año cada uno?

Pero la cuestión es ¿Alguien fiscaliza a qué dedican los medios el dinero que anualmente reparte la Fundación Biodiversidad? ¿Alguien evalúa que contenidos de información ambiental se publican en esos medios subvencionados? ¿Se miden los resultados de esas publicaciones en términos de participación pública en los procesos de toma de decisiones en materia de medio ambiente? ¿Contribuye ese dinero a que los periodistas a sueldo de la subvención sean más independientes de los patrocinadores? ¿O sólo sirve para silenciar a quienes tendrían que actuar como altavoz cuando las cosas no se hacen en favor del interés general?

No estoy diciendo que el periodismo ambiental esté obligado por una ley que afecta a la labor de la Administración pública. Digo que con 40.000 euros al año puede hacerse algo más que reproducir notas de prensa en un espacio destinado a soportar publicidad contextual. O que me gustaría saber cuantos de los medios subvencionados con dinero público han recogido convocatorias de información o participación pública en estudios de impacto ambiental o en procesos de aprobación o modificación de nuevas normas de carácter ambiental. ¿Cuantos recogen los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental? ¿Y las memorias anuales que publican las Administraciones públicas en aplicación de la ley de información ambiental?

Quizá la realidad es que al lector medio la única información de medio ambiente que interesa es la foto del político en la inauguración el próximo centro de emprendimiento verde o el inicio de la enésima campaña para fomentar la recogida selectiva.

El caso es que, como persona concienciada, me gustaría encontrar en todas y cada una de las secciones patrocinadas con dinero público algo de información sobre la calidad del aire que respiro, las leyes que se están tramitando para mejorar esa calidad, el momento en el que puedo participar en esa tramitación expresando mi opinión al respecto, el resultado de la aplicación de las leyes una vez aprobadas o los costes en los que incurrimos para gestionar los residuos que genero.