La prevaricación ambiental empieza a salirnos cara.

Arriba las patas...las cuatro!Durante los próximos 30 años los españoles tendremos que pagar 1.350 millones de euros a cuenta de cagada en el almacenamiento submarino de gas Castor, que ha venido sonando en presa desde aquellos seísmos inducidos por esta instalación. Así lo recoge la referencia al Consejo de Ministros y lo cuenta, mucho más ameno, Elena Sevillano en El País. Es la marca España: privatizar beneficios y socializar pérdidas.

No es mucho. 1.350 millones de euros entre 45 millones de españoles sale a 30 euros, por lo que para solucionar la cagada del caso castor sólo tenemos que arrimar un euro por persona y año*. Y los españoles somos muy solidarios. Especialmente con nuestros políticos, que para eso les hemos votados y por eso, en caso contrario, se indultan entre ellos. Si tuviesen que pagarlo sólo las personas que están bajo sospecha de prevaricación (como también nos contaba Elena Sevillano hace unos meses), la cuestión podría hacerles un buen roto en su economía doméstica.

Quizá son más sangrantes otros casos de rabiosa actualidad, como las tarjetas de crédito en negro de entidades rescatadas con dinero público. O los ya no tan rabiosamente actuales desfalcos varios en infraestructuras de todo tipo. Lo triste es que para autorizar una instalación como “Castor” hace falta la firma de un cargo político que está en ese puesto para velar por el interés general. El medio ambiente, como el dinero público, es de todos, por lo menos a la hora de soltar la tela.

No sé si en este caso realmente existía un incentivo perverso para favorecer un interés privado, mala fe o simple ignorancia, pero con relativa frecuencia ocurre que las personas que dan el visto bueno a los trámites ambientales para permitir la puesta en marcha de proyectos de cierta envergadura no se toman su trabajo tan en serio como deberían. Tal vez hacer la vista gorda es una forma de abrirse las famosas puertas giratorias. Quizá es un imperativo del partido para progresar en la carrera política. O quizá una simple consecuencia del principio de incompetencia de Peter. El caso es que el pato lo pagamos entre todos.

A una empresa privada, cuyos dueños tienen nombre y apellidos, se le permite hacer un estropicio con la autorización firmada por un cargo político, con nombre y apellidos. Si todo va bien estupendo: el cargo político se hace las fotos con el dueño de la empresa, se ponen la chapita del progreso y la creación de empleo, al medio ambiente que le zurzan, y todos tan contentos. Si las cosas van mal el cargo político desaparece por arte de magia, el empresario se convierte en la víctima y el Estado (que somos todos) paga la fiesta.

El proceso es similar en los mamoneos de infraestructuras fantasma que tenemos sembradas por todo el país. El estropicio ambiental de una autopista de peaje por la que no circula nadie, un proyecto urbanístico que queda a medias, un aeropuerto en el que no vuelan ni los gorriones, etc, se justifica en unos beneficios sociales y económicos que ni se ven ni se esperan, pero en su día ayudaron a dictar una declaración de impacto ambiental positiva equilibrando cualquier daño ambiental en favor de la creación de unos puestos de trabajo que no se han materializado.

¿Qué es muy difícil valorar el posible impacto ambiental, los riesgos asociados al proyecto o la incertidumbre sobre su contribución a la economía? Estamos de acuerdo, pidamos al promotor de proyecto que incluya en su valoración económica los costes asociados a un potencial desastre ambiental relacionado con la actividad que quiere poner en marcha ¿le sigue saliendo rentable? Adelante, constituya una garantía financiera y póngase a trabajar. ¿No le salen las cuentas? Pues su proyecto no es viable y no puede ejecutarlo.

En fin… Que hay que ver lo que cuesta regatear un euro al proveedor de electricidad o ahorrarlo poniendo bombillas led en toda la casa y van ahora estos y me lo hacen pagar paralizando una actividad que no deberían haber autorizado lo otros. ¡País!

*Quizá sería más ajustado repartir los 1.350 millones entre 7 millones de contratos de suministro de gas natural, lo que nos da unos 6,5 euros por contrato y año, que sí se nota un poco más cada recibo.

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