Responsabilidad corporativa y la marca España.

Con demasiada frecuencia suelo escuchar quejas sobre lo mal que funciona la Administración pública. Y puede ser cierto. Para un ciudadano particular, la experiencia de realizar un trámite con la Administración puede ser, en algunos casos, bastante frustrante. Formalizar según que trámites es más complejo de lo que parece y, a pesar de las garantías que ofrece el procedimiento administrativo común, no siempre las partes implicadas lo siguen como deberían. Unas veces por interés y, las más, por desconocimiento: ¿cómo podría saber que tenía que pedir cita previa, qué modelo tenía que rellenar o qué papeles debería haber traído conmigo?

Por otro lado, en la Administración hay funcionarios, políticos y subcontratados. Dejando la corrupción para el siguiente párrafo, son muchas las oportunidades de interactuar con la cosa pública saltándose el procedimiento administrativo común: acceder a información, conseguir licencias, obtener autorizaciones… sin pasar por registro y a cargo del político de turno, sin intervención de los técnicos es algo que, tristemente, sigue siendo posible, a pesar de que vivimos en un estado de derecho con todas sus garantías.

Y si puedo agilizar unas licencias o resolver unas adjudicaciones en alguna dirección que me permitan un sobre sueldo, una jubilación tranquila como consejero de alguna empresa gorda o colocar a ese sobrino que no sabe hacer la O con un canuto, ¿por qué voy a dejar pasar la legislatura? Ya puestos, me marco un aeropuerto, una línea de alta velocidad, una autopista de peaje o un palacio de congresos. Total, a cuenta de la deuda pública encargo infraestructuras faraónicas y el que venga detrás que arree. Y como dice el proverbio del funcionario: al amigo el culo, al enemigo por el culo y al indiferente… el procedimiento vigente.

Volvemos al primer párrafo y al título de esta entrada. ¿Acaso las grandes empresas que se llenan páginas web hablando de sostenibilidad no se ven afectadas por el mal funcionamiento de la Administración y la corrupción política? ¿Hacen algo por evitarlo? Quizá la respuesta esté en el modelo de negocio: inflar el agujero con contratos futuros, sin reclamar el pago de deudas pendientes; buscar una relajación de la normativa ambiental, en lugar de exigir la aplicación de la existente; reducir costes a cuenta de una (oportunamente) modificada legislación laboral, en vez de organizar el trabajo; y, por supuesto, rodar vídeos para idiotizar al personal, mejor que hacer algo que la sociedad pueda valorar por sí misma.

Se nos llena la boca de marca España, productividad, compromiso y responsabilidad. Se recortan derechos ciudadanos y libertades civiles para corregir los excesos del pasado. Porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, hipotecando nuestro futuro. Pero ¿qué parte de la deuda infla los resultados contables de las empresas socialmente responsables del maltrecho IBEX 35? ¿han contribuido a mejorar el funcionamiento de la Administración recurriendo contra procedimientos interminables o la han llenado de subcontratas para aumentar la dilución de responsabilidades y la ineficiencia? La triple cuenta de resultados cojea, pero no pasa nada: seguiremos patrocinando publicaciones para rellenar lo hueca que estamos dejando la palabra sostenibilidad.

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