Reutilización de la información ambiental: malas prácticas y nuevos límites.

El sector ambiental tiene una dilatada experiencia en lo que a reutilización de la información se refiere. La casuística es de lo más variado y va desde informes generados por el propio funcionamiento de la Administración hasta los estudios que la iniciativa privada presenta en procesos de evaluación ambiental para la puesta en marcha de nuevas actividades. Desde los avisos a la población por alertas de contaminación a datos sensibles de particulares que solicitan información ambiental.

En este contexto resulta de interés especial la aplicación del artículo octavo de la Ley 37/2007, que nos ocupa estos días en que se somete a consulta pública el Manual Práctico de Reutilización de Información. Por principio, las restricciones no son deseables, pero estas cuatro condiciones de reutilización tienen su interés (al menos para el que escribe estas palabras):

Que el contenido de la información no sea alterado:

Sobre la importancia de la alteración del contenido de la información no cabe mucho más que decir, especialmente si nos referimos a los datos. La alteración de un resultado analítico o de un informe técnico no suele tener mayor interés que el de la propia mentira, por lo que en este caso particular en lugar de malas prácticas deberíamos hablar de otras cosas.

Que no se desnaturalice el sentido de la información:

La desnaturalización del sentido de la información es un aspecto que toma relevancia a la hora de interpretar esos datos. Ya he traído a este blog algunos casos de titulares sangrantes en lo que a medio ambiente ser refiere. La misma estadística podría servir criticar la gestión institucional de los residuos o para culpar al ciudadano de los malos resultados en esa materia. Todo depende del interés del que elabora y publica las noticias.

En este sentido, contra la manipulación informativa, hay que tener en cuenta los distintos grupos de interés que presionan en direcciones opuestas. El medio ambiente es un territorio complejo donde convergen aspectos monetarios, ecológicos, sociales, técnicos… como en otros ámbitos, la forma en la que se argumenten determinadas informaciones puede posicionar y condicionar la respuesta ciudadana.

El riesgo de fondo es que la voluntad popular acabe depositada en manos de organizaciones que no miran ni por el interés general ni por aquellos aspectos que no repercutan en sus propios objetivos, no necesariamente ambientales.

Que se cite la fuente:

El tercer aspecto puede llegar a ser crítico en según que ámbitos. Parece básico como forma de garantizar la trazabilidad de los datos, de modo que cualquiera pueda comprobar que no han sido alterados ni “desnaturalizados” desde la fuente original. Va más allá cuando hablamos de información del sector público elaborada por terceros.

Pienso, en concreto, en estudios de evaluación de impacto ambiental. Son documentos elaborados, a cuenta del promotor de un proyecto, para ser sometidos a información pública. ¿Cómo garantizamos un uso responsable de un documento puesto a disposición del copy – paste de cualquier procesador de textos?

De momento, es una infracción leve tipificada en el régimen sancionador de la Ley 37/2007. Algo es algo.

El sector de la evaluación de impacto ambiental apela a derechos de propiedad intelectual, secreto industrial, protección de datos de carácter personal y no se cuantos otros chantajes emocionales a los que, a pesar de recientes cambios de tendencia, la Administración ha estado cediendo en contra del derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones. Unas aclaraciones en este sentido ayudarían a que ninguna de las partes interesadas pervierta las reglas del juego: sería interesante dedicar unas páginas del manual a desarrollar los mecanismos para ayudar tanto al productor de la información a describir el modo en que su trabajo debe ser citado en reutilizaciones posteriores, como a los reutilizadores a citar las fuentes utilizadas en su trabajo.

Que se mencione la fecha de la última actualización.

Por último, cerrando este apunte de malas prácticas a las que ya iremos dedicando más tiempo, está el asunto de las fechas de actualización. El asunto no sería tan dramático si se citasen las fuentes. Con relativa frecuencia es más fácil encontrar la información reutilizada que el original. Si uno busca en Internet sobre qué hacer en el fin de semana acabará navegando por portales de turismo o actividades en la naturaleza donde se habla de diversos usos del medio natural que pueden haber sido prohibidos o limitados desde la última vez que el autor de la página colgó allí la información.

Un ejemplo paradigmático es lo que ocurrió a raíz del incendio de Guadalajara: en las fechas posteriores la normativa relacionada con algo, hasta ese momento, tan apetecible y cotidiano como salir al campo a asar chuletas cambió radicalmente. Todavía podemos encontrar en Internet recomendaciones para salir a hacer barbacoas a lugares en los que se ha prohibido o limitado en determinadas fechas.

La práctica de la pesca, la caza o la circulación con vehículos a motor son otras materias sensibles en este aspecto: cuando no se consigue acceder a la información actualizada se puede incurrir en situaciones de infracción de la normativa aplicable en la materia.

En la próxima y con más cariño abordaremos la pregunta de Emilio.

5 comentarios

  1. Muy buena esta guía de malas/buenas prácticas.

    Yo matizaría la segunda recomendación (“no desnaturalizarás”). La interpretación de los datos depende de quien los interprete, y generalmente no existe un actor complemtamente neutral. Por lo tanto, hay que poner el acento en la transparencia, en la pluralidad de interpretaciones y en el debate sobre bases claras, especialmente cuando nos enfrentamos a “wicked problems”, tan abundantes en materia de medioambiente.

    Con un punto de vista restrictivo, habría que empezar por prohibir la prensa escrita y los informativos de radio y televisión, donde, a partir de unos mismos datos, se extraen conclusiones opuestas.

  2. Gracias por tu comentario alorza. Igual he sido un poco duro con el “no desnaturalizarás”.

    Hablando de información del sector público entiendo que la neutralidad tiene que venir “de serie”, desde la propia fuente ¿Es neutral la Administración? si podemos contestar afirmativamente y trazar hasta el origen, entiendo que difícilmente desnaturalizaremos los datos, sea cual sea la interpretación que hagamos de los mismos. Otro caso serían los documentos, que una vez sacados de contexto pierden su naturalidad.

    Entiendo lo de la pluralidad de interpretaciones y de intereses encontrados en asuntos complejos. Desde mi punto de vista, el “no desnaturalizarás” tiene que garantizar la transparencia y evitar el uso perverso de los datos: por mucho que se citen las fuentes no siempre voy a tener tiempo de contrastarlos. Veo dos derechos distintos, los relativos a la autoría, para los productores de la información citada y el de veracidad de los datos, para del receptor de la información reutilizada.

    En esta línea (y dramatizando un poco), si las conclusiones de la prensa escrita, los informativos de radio y televisión atentan contra el derecho constitucional (art. 20) a “recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” no veo por que no tendríamos que prohibirlos y sancionar a los responsables, especialmente si lo hacen para favorecer un interés particular en contra del interés general y con ánimo de lucro.

  3. Sí, creo que te entiendo y, desde luego, los datos son los datos. O, mejor dicho, cada dato es cada dato. Pero la manera de agruparlos y de interpretarlos es difícil de regular, más allá de establecer metaprocedimientos como los de la ciencia.

  4. Alorza, yo también creo que me entiendo, pero no lo termino de tener claro, no creas.

    Nuevamente veo dos aspectos:

    – La necesaria posibilidad de acceso a los datos crudos (con su correspondiente metainformación), para que cada uno pueda agruparlos e interpretarlos libremente.

    – Un mecanismo para desincentivar la “desnaturalización” de la información que emerge de esos datos. No se si como metodología para la elaboración de los datos o como garantía del interés general y de los derechos del ciudadano en lo que a veracidad de la información se refiere.

    En el ejemplo de los residuos, pretender inferir de los datos de gestión que los ciudadanos no quieren o no saben reciclar me parece desnaturalizar la información.

    La información generada por intereses particulares tiene sus propios canales para movilizar a la opinión pública. Como ciudadano, espero que la aplicación de esta ley de reutilización de la información del sector público garantice la disponibilidad de información relativa al interés general.

    En el fondo se trata de tener conversaciones interesantes acompañando las cañas, que para arreglar el mundo están otros ¿o no?

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