(In) Sostenibilidad en España 2010: el informe del OSE.
Ayer estuve en la presentación del informe 'Sostenibilidad en España 2010', que se puede consultar y descargar por aquí. De una parte, es de agradecer el esfuerzo del OSE, tanto en lo que se refiere a la recopilación y publicación de información interesante, como en la convocatoria de saraos en los que coincidir con conocidos y amigos. De otra se echa en falta un poco de debate tras la presentación de un documento como este.
El acto fue políticamente correcto. Desde la conducción del mismo a cuenta del cargo político de turno, hasta la participación de una fila cero cuidadosamente escogida. La única queja formal de esa fila se refería a la falta de información adecuada y datos relevantes. Tal vez resulta difícil de entender cuando te acaban de entregar un volumen de un tamaño totalmente insostenible. Pero se puede comprender fácilmente si buscamos la trazabilidad entre los indicadores presentados y las fuentes: ¿Dónde están los datos oficiales sobre gestión de residuos? ¿De dónde salen los de depuración de aguas?
Más queja: la relativa a la escasa atención que se presta desde la clase política a la evaluación anual del OSE. A pesar de ellos, se dijo en la sala, seguimos por la senda de la insostenibilidad, de la que apenas nos hemos desviado un poco por los avances sobrevenidos de la situación de crisis económica que vivimos. Esta queja da pie a la reivindicación, por parte del cargo político, del esfuerzo colectivo y el margen de maniobra que reflejan los datos del informe Sostenibilidad en España 2010.
La presentación de este informe y el discurso alrededor del mismo me dejan cierta inquietud. Me asusta que se presente como "el documento" a utilizar por los ciudadanos particulares y organizaciones no gubernamentales para estar al día de lo que ocurre, en cuestiones de sostenibilidad, en España. No voy a discutir la necesidad de esfuerzos de elaboración y recopilación de información, entre los que me gustaría destacar el Perfil Ambiental de España y la memoria El medio ambiente y el medio rural y marino en España. Pero, en los tiempos que corren, un foro como el que ayer se reunía en la presentación del informe de Sostenibilidad en España 2010, debe ser crítico y exigente con la aplicación de la normativa relativa al acceso a la información y participación en materia ambiental. No se hasta que punto debemos permitir que un político nos venda como buena la interpretación de la situación ambiental realizada por parte de una organización cuya "cierta independencia" (en palabras del Director Ejecutivo del OSE) genera dudas más que razonables.
En este sentido, tengo la impresión de que el sector ambiental, al menos el que se reúne en los foros del OSE, vive un poco ajeno a los movimientos relativos a la apertura de los datos públicos y el gobierno abierto: la transparencia ya no es una opción. Alorza lo explica muy bien:
Sin buena información no hay buenos ciudadanos.
Nos queda mucho por hacer en materia de medio ambiente. Cualquier ámbito cotidiano es susceptible de adoptar modelos más sostenibles de hacer las cosas. Por ejemplo, el periodismo y su tratamiento de la información ambiental: es insostenible que el lunes 26 de enero se publique una noticia redactada en estos términos:
"El Gobierno impulsará la reconversión de la industria automovilística española con el objetivo de que adapte su producción hacia tecnologías y vehículos "menos contaminantes o más eficientes", según consta en el borrador de la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino al que tuvo acceso Europa Press."
La noticia debería ser algo del estilo:
"Se somete a participación pública el borrador de la Estrategia Española de Movilidad Sostenible. Todos los ciudadanos que lo deseen pueden participar enviándo sus comentarios a estrategiamovilidadsostenible@mma.es desde del día 16 de enero de 2009 al 7 de febrero de 2009. El documento está disponible para su consulta en la wed del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino"
Se nos llena la boca hablando de participación ciudadana, pero no somos capaces de interiorizarla ni de promoverla adecuadamente. Está claro que no puede haber buen gobierno sin buenos ciudadanos. ¿Podemos tener buenos ciudadanos con mal información en los medios de comunicación de masas?
Mientras la información siga siendo un privilegio para unos pocos que hacen negocio, con ella o de ella, estamos condenados a mantener un sistema insostenible de privilegiados que viven a costa del resto. Por eso es necesario que conozcamos que tenemos derecho a la información, por lo menos en materia de medio ambiente.
Es posible que el borrador que se presenta a información pública esté magníficamente redactado, cuidadosamente elaborado por los mejores especialistas en la materia y que no sea posible aportar nada nuevo. Pero no se trata de eso. La información pública y la participación en los procesos de toma de decisiones es un derecho de todos los ciudadanos, porque la democracia no se acaba tras un proceso electoral cada cuatro años. La participación ciudadana debería ser algo más que elegir el horario del taller de papiroflexia organizado por la junta municipal de distrito.
Las notas de prensa son así. Cuando conviene llenar un auditorio o justificar una actuación la prensa siempre acierta a dar los horarios y los detalles para que los ciudadanos hagan cola pacientemente. Pero cuando afecta a la toma de decisiones la transparencia se vuelve un poco más opaca. ¿Miedo a que la frustración de los ciudadanos se canalice a través de alegaciones contra medidas propuestas sin contar con ellos? Justificar una baja participación es bastante fácil. O implica menos riesgos que exponernos a comprobar que nuestros planes y programas sean cuestionados por la ciudadanía.
Sin buena información no se puede ejercer, de forma real y efectiva, el derecho a la participación. ¿Quién vela por nuestro derecho constitucional a una información veraz?
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Participación Informe Cumplimiento Convenio Aarhus
Se está elaborando el Informe Nacional de Cumplimiento del Convenio “de Aarhus” sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente:
“A fin de contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar, cada Parte garantizará los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales de conformidad con las disposiciones de la presente Convención.”
En plenas vacaciones estivales se realizó una primera etapa, cuyo resultado, tal y como se recoge en el borrador, indica que:
“…la participación directa de los ciudadanos en general y de las asociaciones y ONG ha sido limitada en esta primera consulta.”
El borrador resultante de la consulta veraniega, incluyendo la píldora citada, se somete a consulta pública para que se puedan formular las observaciones y comentarios que se estimen oportunos en relación con la forma en la que han cumplido el Convenio las Administraciones públicas afectadas.
Podemos hacer dos lecturas (o más) de la frase. Una sobre lo contento que está todo el mundo sobre la forma en la que se está dando cumplimiento al Convenio de Aarhus. Otra, un poco menos rosa, sería atribuir parte de la “limitada” participación en este proceso se debe al escaso conocimiento que los ciudadanos tenemos del citado Convenio y sus implicaciones.
El profesional de la información ambiental que llevo dentro se siente un poco culpable y le surgen algunas dudas que le parecen razonables. ¿Por qué una consulta sobre el cumplimiento de aquel objetivo tan utópico genera una “participación limitada” por parte de los ciudadanos, sus asociaciones y las ONG? ¿Es necesario revisar los procesos de participación pública? ¿Es accesible a los ciudadanos la información ambiental disponible en Internet? ¿Realmente están garantizados los derechos de acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente?
Si tienes interés en participar ya sabes:
“El plazo para presentar alegaciones u observaciones será de un mes y medio a partir de la fecha de publicación del citado borrador, concluyendo el día 26 enero de 2009, y habrán de enviarse a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación: buzon-aarhus@mma.es”
Si estás en la creencia de que esto del acceso a la información y la participación en materia de medio ambiente ni te va ni te viene, te recomendaría dos interesantes lecturas sobre el Convenio de Aarhus y su aplicación práctica son las guías elaboradas por el Gobierno Vasco derecho a conocer y derecho a participar. También está bien la Guía sobre el Acceso a la Justicia Ambiental.
Para ampliar sobre el tema son más que interesantes las presentaciones de la Mesa Redonda Aplicación de la Ley 27/2006 de acceso a la información ambiental.
Informe de cumplimiento del convenio de Aarhus
El Convenio de Aarhus, tiene como objeto garantizar los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental, con el fin de contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar.
Entre los requisitos del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, se incluye la obligación de los estados parte de informar sobre su cumplimiento, mediante la presentación de un Informe Nacional de Cumplimiento, en cuya elaboración están implicadas todas las Administraciones públicas cuyas actuaciones tengan repercusión sobre el medio ambiente.
Entre los procesos necesarios para la elaboración del Informe Nacional de Cumplimiento, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y comunidades autónomas, abrieron, el pasado 9 de junio, un periodo de consulta pública de dos meses y medio. Durante el mismo se podrán formular observaciones y comentarios en relación con la forma en la que se han cumplido por parte de las diferentes administraciones públicas las distintas cláusulas del Convenio sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
¿Cómo participar?
En la mayor parte de los casos, como pueda ser el de la Comunidad de Madrid, las comunidades autónomas han abierto un espacio en sus portales institucionales con información y una dirección de correo electrónico para enviar comentarios. Alguna comunidad autónoma incluso coló alguna nota de prensa en varios medios de comunicación, es el caso de Cantabria y su Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA). Por otro lado, mientras que en la mayoría de los casos se ha optado por publicar el cuestionario en blanco para recoger opiniones, el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco somete a información pública una primera versión del informe cumplimentado.
Pues eso, que lo importante es participar. ¿Te animas?