Reforma laboral a la madrileña.
La última de la crisis es la ristra de titulares que está dejando la ocurrencia de la alcaldesa madrileña:
Botella quiere cubrir con voluntarios las necesidades de instalaciones municipales
Tal cual, porque:
con la “implicación y colaboración de todos”, se podrán “sacar adelante y hacer rentables” una serie “infinita” de “espacios públicos”, entre los que la regidora ha especificado únicamente centros culturales, polideportivos y bibliotecas.
Y para remate:
“Creo que estamos en un momento en el que debemos hacer todos algo por la sociedad en la que vivimos, implicarnos en la gestión de la ciudad. Tenemos que ser capaces de devolver a la sociedad algo de lo que la sociedad nos da. Es algo que se hace en muchos países, y que nadie podría ver mal en un momento como en el que estamos”
Y es que no entiendo como no se han llevado a esta señora de ministra. De trabajo o algo así. ¿Problemas de productividad? ¿para qué discutir por un salario mínimo si se puede poner al personal a currar sin sueldo? El futuro está claro: voluntarios, que trabajen sin cobrar.
No puedo dejar de preguntarme dónde estábamos los ciudadanos a la hora de decidir los dispendios para presentar candidaturas olímpicas, a la hora de asignar obras faraónicas cuyo coste final multiplica el precio de adjudicación. Me pregunto donde han ido a parar mis impuestos o qué están haciendo ahora con ellos los dueños de las empresas que solían ser adjudicatarias de los servicios que ahora la ciudad no puede prestar.
Y, lo mejor de todo ¿esto no era una crisis de consumo? ¿qué vamos a consumir si el dinero se queda todo en la parte alta de la pirámide? ¿cómo vamos a solucionar la crisis si el trabajo lo hacen voluntarios? Igual es que últimamente estoy un poco susceptible, pero esto de que todos los días salga alguien a insultar la inteligencia colectiva, por la parte que me toca, empieza a resultar poco llevadero. ¿Acaso pretenden que sigamos pagando impuestos cuya única función es pagar sueldos de políticos? ¿Por qué no meten mano a los beneficios de aquellos que se lo llevaron calentito cuando las vacas gordas?
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La foto es un retoque de Carlos Cortes a un original tomado en la calle.
De lo difícil que es definir empleo verde.
© Greenpeace / Kate Davison
Empezamos con una cita para ilustrar el estado del arte:
"La etiqueta incluso podría hacer más mal que bien. John Martin dio un ejemplo de cómo la definición vaga había afirmado, citando estimaciones de Eurostat, la Oficina de estadísticas oficiales de Unión Europea, que sólo el 2% de los empleos en Europa eran "verdes", a pesar de que la OMC y la Organización Internacional del trabajo, mediante una definición mucho más amplia, colocan esa cifra en 20%. El verdadero debate debe ser acerca de la pérdida de empleos y su creación. Sería más preciso pensar en "verde" para impregnar toda la economía; esto es tratar mucho más que el medio ambiente."
Que cada vez que escucho a un político hablar de empleo verde me da la sensación de que me están intentando vender una moto sin ruedas no es nada nuevo. Me sorprende poderosamente la cantidad de estudios sobre las posibilidades generar empleo que tiene el sector ambiental y de las cifras que se publican al respecto, cuando no tenemos claramente acotado qué entendemos por "sector ambiental". Soy incapaz de encontrar la profesión que he estado desarrollando durante los últimos años en la clasificación nacional de ocupaciones ¿por qué me debería fiar de discursos que hablan de lo bien que va un sector que ni se molestan en definir?
Por eso me ha sorprendido gratamente la presentación del Libro "Green Jobs. Empleo verde en España 2010" (por aquí lo puedes ver en diferido). En particular la ponencia de María Isabel Martínez y su reflexión sobre las dificultades a la hora de delimitar el sector y los empleos verdes. Es un tema muy trillado, pero mientras que no tengamos una definición clara o una herramienta estadística que recoja adecuadamente esto del empleo verde, es imprescindible que cada estudio sobre el asunto aclare en que se basa para obtener las conclusiones que presenta.
Leeré con mucho cariño "Green Jobs. Empleo verde en España 2010". En un primer vistazo diagonal tiene muy buena pinta, al menos en lo que al fundamento estadístico se refiere. Sí se evidencia es que eso de la información ambiental, que colamos entre los "Perfiles de las Ocupaciones Medioambientales y su impacto sobre el empleo", no se sabe por donde agarrarlo. En la cola de lectura tengo otro estudio sobre la materia que me está dando pereza, especialmente, a pesar que soy consciente de que cuenta con grandes profesionales, desde que me encontré escritos por otros mis prejuicios sobre la organización que lo publica.
En cualquier caso, a falta de datos que tampoco se hasta que punto me interesan, me dejaré seducir por las aproximaciones cualitativas: me piro a ver qué se cuenta en las Jornadas de perfiles profesionales en medio ambiente. Hasta otro rato.
Ayer en CONAMA10: día de la bici.
Distintas actividades relacionadas con la bicicleta como medio de transporte urbano (La Red de Ciudades por la Bicicleta: proyectos y propuestas (AE-11) y La bici como medio de transporte urbano:experiencias de éxito en España (ST-17)) llenaron ayer el aparcamiento de bicicletas del Palacio de Congresos, tal y como se puede ver en la foto (las que no salen son la de @clementealvarez, ni la mía que fui en autobús por solidaridad).
Por la tarde estuve tuiteando desde la Actividad Especial organizada por ACA "La situación del voluntariado ambiental ante un período de crisis. Retos y oportunidades (#AE20)" y por la mañana encontrando las ideas que traigo por aquí en relación a la Agenda 21 Local como instrumento global de gobernanza:
- Hace falta pasar de los diagnósticos a la acción.
- Hay que buscar la integración jurídica de la Agenda 21 en la realidad de la entidad local.
- Lo que no se lleva al pleno municipal difícilmente se toma en consideración.
- No es bueno pontificar sobre los planes de acción local: no son inamovibles.
- La Agenda 21 Local puede ser un instrumento para agrupar el resto de planes de actuación municipal en tanto que se considere la participación como un interés estratégico, permitiendo incluir la planificación estratégica en el plan de acción.
- Poco a poco se va adaptando el modelo de secretario municipal jurista que fiscaliza a una figura de gestor municipal.
- La Agenda 21 Local puede ser el "Libro gordo de Petete" para la implantación de políticas sostenibles en los municipios.
- Cuando los programas políticos incorporan la lista de actuaciones propuestas en el marco de la A21L es indicativo de que esto funciona.
- A21L es un proceso, no un proyecto que empieza y termina. "Más bien es como un hijo al que se está vinculado hasta que uno la palma".
- Es necesario traducir al lenguaje ciudadano y al idioma de la gestión municipal el lenguaje técnico de empleado, de modo que todos los agentes implicados puedan comunicarse y participar en igualdad de condiciones.
- "Cada uno en su casa se compara muy bien", pero los indicadores sirven para algo que no se ha hecho nunca: cerrar los ciclos de gestión.
- La participación debe plantearse como una decisión colectiva y no como la legitimación de decisiones tomadas de antemano.
- Cuando a los vecinos se les da un micrófono lo utilizan para protestar, pero es que no debemos callarnos cuando vemos como el interés general se va perdiendo por el camino.
- Es necesario explicar cómo funcionan las cosas a las personas, de modo que las capacitemos para discutir, presentar propuestas... participar.
- La participación no debe ser informativa, debe ser ejecutiva, formar parte de nuestra vida y establecer una vinculación continuada.
- El ciudadano particular tiene muy poco espacio para la participación: normalmente se traga las decisiones de otros agentes y no puede votar consecuentemente cosas que no se explican en su lenguaje y, por tanto, no entiende.
- Se deben seguir mejorando los mecanismos para conseguir que la participación sea real a todos los efectos.
- Hay que tomar siempre lo positivo, ayudando a la participación, pero sin olvidar que hay mucha gente que no es capaz de conectarse a una máquina.
- Muchos municipios no entienden qué es la Agenda 21 Local ni los procesos de participación.
- En la fractura entre políticos y técnicos, cuando fracasan las palabras se puede hablar en términos monetarios.
- Es necesario formar a las personas que van a ser alcaldes para que puedan hacer algo más que dedicarse a resistir, en mayor o menor medida, las presiones de los agentes económicos.
- Las encuestas realizadas sin criterios estadísticos válidos no pueden resultar en informes fiables.
- La estandarización de modelos no vale en la gestión de la sostenibilidad local.
- Hay que evitar los escenarios de participación artificiales. Si no conseguimos atraer a la gente a los foros hay que salir a buscarlos donde están, encontrarlos en sus escenarios naturales de participación.
- Es necesario establecer un marco mínimo común para que todos sepamos de qué estamos hablando cuando trabajamos en Agenda 21 Local.
También salí con propuestas de grupos en feisbuc:
- "Ciudades que primero firman la carta de Aalborg y luego se paran ha reflexionar sobre lo que implica".
- "Municipios que incorporan a sus agendas actuaciones en materias que no son de su competencia y luego no pueden ejecutar".
#ST25 #CONAMA10 Responsabilidad ambiental.
La Sesión Técnica 25 del CONAMA "Responsabilidad ambiental" registró un lleno histórico en la Sala Madrid del Palacio de Congresos. El evento se desarrolló según el programa salvo por la sustitución de Joaquín Nieto, en cuyo lugar intervino Andrés Leal. Aquí os dejo una crónica rápida de lo que allí aconteció:
Carlos de Miguel, en calidad de moderador, abrió con la promesa de no volver a hablar de la ley, suficientemente explicada en saraos varios, y de abordar cuestiones la aplicación presente y desarrollo futuro.
La intervención de Isaac Sánchez Navarro abordó el análisis y desarrollo de la normativa de responsabilidad medioambiental mediante:
- Un repaso de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental que, por un momento, ponía en riesgo la promesa del moderador.
- Una mención a las actividades que se están llevando a cabo para el desarrollo de la normativa.
- Una presentación del Informe de la Comisión Europea previsto en la Directiva 2004/35/CE.
Cerró recordando que la aplicación de la Ley 26/2007 implica la materialización del principio "Quien contamina paga y repara".
Andrés Leal presentó un balance de la aplicación de la Ley de responsabilidad medioambiental, según un estudio de las 12 respuestas recibidas a una encuesta dirigida a las distintas comunidades autónomas, en relación a la aplicación de la Ley 26/2007 en sus respectivos ámbitos territoriales. Destaca, entre otros aspectos, que:
- Las comunidades autónomas están acudiendo a asistencias técnicas para desarrollar distintos instrumentos relacionados con la responsabilidad ambiental, tales como formación, elaboración de guías o desarrollo de aplicaciones web.
- Se manifiesta, por parte de las distintas administraciones, la realización de labores de difusión dirigidas al sector empresarial.
- Cuatro de las comunidades autónomas que han respondido tendrían previsto desarrollar normativa autonómica desarrollando la Ley 26/2007, una ha aprobado normativa y otra la tiene en proceso de información y participación pública.
- En general, se considera que el procedimiento administrativo para exigir responsabilidad ambiental es complejo y estaría pendiente de desarrollo.
- Gran parte de estas administraciones estarían colaborando con la industria y empresas de consultoría en la realización de proyectos piloto y de análisis preliminares.
- Se está a la espera de que se definan criterios de exclusión y umbrales de aplicación por parte del Ministerio, mientras que las comunidades autónomas apenas han desarrollado criterios de interpretación o normas adicionales.
- Habría 10 expedientes abiertos en aplicación de la Ley 26/2007, en cuatro casos con exigencia de responsabilidad al operador.
- No se habrían desarrollado mecanismos de colaboración entre comunidades autónomas con territorios limítrofes.
Para cerrar, expuso una serie de observaciones que se han planteado al proyecto de Orden Ministerial relativo a la prioridad y calendario para la exigibilidad de la garantía financiera obligatoria, recientemente sometida a información pública, entre las que destaca la necesidad de un carácter preventivo, el establecimiento de criterios de exclusión y la definición del alcance del Anexo III.
Enric Pueyo escenificó el análisis de los aspectos más relevantes de la Ley de responsabilidad medioambiental a través de la exposición de un caso práctico. Partiendo del análisis de la información disponible de más de 175 casos reales se plantea un caso hipotético de estudio, al objeto de contemplar aspectos característicos de la industria española y sus accidentes, pero sin presentar una empresa concreta que se pudiera dar por aludida.
Así pues, en los accidentes estudiados, destaca la coincidencia de uno o varios de los siguientes factores:
- La presencia de sustancias peligrosas, tanto en forma de materias primas como de residuos.
- Carencias organizacionales: formación del personal implicado, falta de protocolos o sistemas de gestión adecuados, almacenamiento que no cumple requisitos de seguridad, manipulaciones indebidas, ausencia de mantenimiento de instalaciones y equipos.
- Vertidos a cauce público.
- Elementos circunstanciales: características de transporte, nocturnidad, accidentes en días no laborales...
Partiendo de esa base plantea un caso en el que se dan tres posibles situaciones:
- Accidente en situación de incumplimiento del marco legal de responsabilidad medioambiental.
- Accidente en situación de cumplimiento del marco legal de responsabilidad medioambiental.
- Establecimiento de medidas preventivas que eviten el accidente.
El esquema para el estudio del caso se estructura en los siguientes apartados:
- Datos de la instalación
- Procesos
- Materias primas y energía
- Procesos auxiliares
- Hipótesis accidentes:
- Escenario causal
- Suceso iniciador
- Escenario accidental
- Consecuencias
- Incumplimientos
- Costes
- Comparación
En el estudio se habían planteado algunas simplificaciones para llamar la atención sobre la importancia de cumplir con el marco legal. Así pues, los resultados presentaban que, en caso de accidente, la empresa acabará incurriendo en un coste total menor cuando cumple con la normativa aplicable. De una parte porque ciertas omisiones (en particular las relativas a informar a la autoridad competente) implican la posibilidad de incurrir en sanciones importantes, así como en que el daño sea mucho mayor, repercutiendo en un montante final más abultado.
En paralelo, los costes en los que incurriría la empresa que opte por mecanismos de prevención, tales como eliminar la mala praxis, adoptar sistemas integrados de gestión ambiental, formación al personal, mantenimiento preventivo... serían varios órdenes de magnitud inferiores a los de la empresa que no los adopta. En números gordos y en los extremos, estamos hablando de 30.000 euros frente a 3.000.000 para una pyme industrial:
- 30.000 euros por implantar sistemas de gestión que eviten la ocasión de daños y el incumplimiento de la normativa,
- 3.000.000 euros en caso de accidente que afecte al medio natural causando daños graves exigibles por responsabilidad ambiental, sanciones y, en su caso, la correspondiente responsabilidad civil.
Por tanto, ahora, más que nunca:
prevención siempre es mejor y mucho más rentable, al menos a partir de ahora
Con esta frase nos fuimos al café de comercio justo, con correspondiente intercambio de cromos, desvirtualizaciones, encuentros y reencuentros, búsqueda de pichigüilis...
A la vuelta, Isabel Lorente nos habló de la estructura y contenidos generales de los instrumentos sectoriales para el análisis del riesgo medioambiental. Presentó la heterogeneidad y peligrosidad como criterios de decisión a la hora de elegir entre los instrumentos sectoriales disponibles. Así pues, los sectores deberán elegir entre:
- MIRAT: es interesante para casos de gran homogeneidad, pero no exime de análisis de riesgo individualizado.
- Tabla de baremos: cuando se de un perfil productivo común al sector y sin escenarios singulares que puedan ser significativos.
- Guía metodológica: es el instrumento más flexible, sin estandarización ni parametrización del riesgo.
Entre otras consideraciones y puntos críticos, destaca la necesidad de tener presente:
- Información para utilizar a nivel individual.
- Listado de variables para el Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental.
- Cuantificación daño y significatividad: patrones homogéneos en los instrumentos.
- Incorporación de recomendaciones de prevención y de monetización.
Carola Hermoso nos contó su experiencia en relación al MIRAT en el que está trabajando Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID), poniendo el acento en la necesidad de disponer de aplicaciones informáticas que sirvan para la gestión integral de la prevención y que puedan importar datos suministrados por distintos agentes implicados en la elaboración del estudio de riesgos ambientales.
Gracias al sentido práctico de la exposición de Isabel (rápida y concisa) ha quedado tiempo para un debate amplio y fructífero. Se han echado de menos en la mesa los puntos de vista de algunos agentes implicados, pero la presencia en la sala de representantes de varias organizadoras candidatas a ser verificadoras ha suplido esta carencia parcialmente. Me faltaban otros interesados contemplados en el artículo 42 de la Ley 26/2007, pero eso lo dejamos para otro día que ya toca ir cerrando.
El debate ha puesto de manifiesto dos cosas:
- Seguimos teniendo miedo a ponerle el cascabel al gato: no se habla todo lo claro que se debería, se crea incertidumbre e inseguridad, tal y como se ha manifestado en la exposición del consultor que manifestaba no saber qué postura adoptar ante sus clientes.
- No se comprende el papel que juega el verificador: me congratula saber que no soy el único al que le incomoda la forma en la que nuestro marco legal traslada responsabilidad ambiental del operador a la figura del verificador.
Conclusiones:
A golpe de aplazar la publicación de las órdenes ministeriales sobre las garantías financieras hay quien se había olvidado de lo básico. Me ha gustado mucho cómo se ha aclarado en esta Sesión Técnica del CONAMA 10, gracias a Jose Luis de las Heras, Tomás Justo y otras personas que han intervenido en el debate complementando lo expuesto por la mesa:
- La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental está en pleno vigor y es aplicable a todas las actividades económicas y profesionales. La responsabilidad ilimitada por daños al medio ambiente contemplada en esta norma ya es exigible y se está exigiendo.
- La filosofía de la norma es preventiva, luego no importa tanto la garantía financiera obligatoria como la gestión del riesgo: las empresas deberían centrarse en evaluar y gestionar los riesgos sin esperar a que se aprueben desarrollos adicionales de la norma.
- Si lo estiman necesario, los operadores podrían contratar productos, disponibles en el mercado actual, destinados a cubrir los posibles daños sin esperar a que se haga efectiva la obligatoriedad de las garantías financieras.
- Los instrumentos de evaluación de riesgos y valoración de daños no se deberían limitar a la reparación primaria, debiendo incluir compensatoria y complementaria.
- El sistema descansa sobre la verificación, que es un proceso complejo y no tiene por qué ser barato. Barato es relativo, sobre todo si no olvidamos que estamos hablando de una responsabilidad ilimitada (comprometiendo la viabilidad de la empresa) en caso de daños que no se identifiquen, analicen o prevengan adecuadamente.
Actualización: añado enlace al resumen de la sesión realizado por los voluntarios de ACA.
No es la ISO, es tu cliente.
Siguiendo con el tema de las certificaciones, un argumento típico que mueve a las organizaciones a adoptar un sistema de gestión (calidad o medio ambiente) basado en una norma ISO (9.001 o 14.001 según el caso) suele ser que un cliente se lo exige. Algo así:
- "Mire es que yo quería eso de la ISO, porque Fulanito, S.L. se ha metido en la ISO y si yo no me lo pongo también pues me deja de comprar".
Tal vez, si la correspondiente ISO, fuese pública cualquiera podría consultarla y constatar que allí no pone que los proveedores deban "tener la ISO" para poder servir productos o servicios a sus clientes. La correspondiente norma viene diciendo que la empresa que quiera certificarse deberá establecer un sistema de evaluación de proveedores, así como la pertinente comunicación y, en su caso, un adecuado control. Sí, puede que el cliente (o el consultor de turno) decida, durante el diseño y la implantación de su sistema de gestión, que el criterio de aceptación de proveedores es disponer de un certificado ISO, pero es criterio de esa organización, no imposición de la norma.
Más cómodo, dónde va a parar, una copia del certificado en ISO que preguntar por la licencia de actividad, el tipo de vinculación legal entre los trabajadores y la organización, por el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad industrial, por la gestión de los residuos... sobre todo si sospechamos que buscando podemos encontrar cosas que no nos gusten: ojos que no ven, corazón que no siente.
RSC: titulares, datos, indicadores y responsabilidad.
Lo hemos vuelto a lograr. Los medios recogen el titular: España primer país europeo por número de certificados de gestión ambiental.
El dato dice que:
España es el primer país europeo y tercero del mundo por número de certificados del Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001 con 16.527 reconomientos, según la Organización Internacional de Normalización (ISO, en sus siglas en inglés).
Pero ¿qué significa esto? El país cuenta con 16.527 empresas certificadas según una norma de gestión creada como mecanismo de mercado para diferenciar empresas según su comportamiento ambiental ¿consultamos esa norma? Pues va a ser que no: una copia de la ISO 14.001 cuesta más de 30 euros a pagar a AENOR. Precio ideal para un consultor que se gana la vida implantando sistemas de gestión ambiental, pero algo caro para su cliente, que preferirá una fotocopia, o para los alumnos del curso correspondiente, que ya se encargarán de encontrar una copia digital. Sí, podemos consultarla en alguna biblioteca especializada o encontrar literatura que nos la cuenta y nos habla bien de ella. Pero como mecanismo de transparencia sobre el comportamiento ambiental de las organizaciones tiene un punto en contra.
Vale, el documento no es público, pero todas esas empresas certificadas según criterios ambientales... ¿no es motivo de alegría? Pues depende. La falta de publicidad de esos criterios tal vez debería implicar falta de credibilidad para un ciudadano escéptico. Pero también para profesionales especializados: el mercado de los instrumentos ambientales de mercado tiene sus luces y sus sombras. Un ejemplo es el debate alrededor del cumplimiento de la legislación. El mercado tiende a ofrecer soluciones para todos los gustos y el caso de la ISO 14.001 no se escapa a esta realidad. Podemos encontrar certificadores y auditores que cubren un amplio espectro de tolerancia respecto a los apartados de las ISO relativos al compromiso de la organización para con la normativa legal aplicable.
Y esto ¿es grave doctor? Pues desde mi punto de vista sí. La normativa legal aplicable a una actividad es el marco mínimo que debe cumplir obligatoriamente una organización. Las reglas para que el juego sea justo y todos los participantes lo hagan en igualdad de condiciones. El último dato que manejo en este sentido (no lo he vuelto a ver publicado desde principios de este siglo) decía que más de dos tercios de la industria carece de licencia de actividad en la Comunidad de Madrid. Sí, es difícil estar al día del último cambio en no se que decreto autonómico de vertidos, pero la licencia de actividad es uno de los requisitos legales que difícilmente pueden pasar desapercibidos para un empresario.
¿Qué pasa con los auditores de certificación ambiental? Recordemos que ISO 14.001 es un mecanismo voluntario del mercado para diferenciarse de la competencia. Tu pagas y alguien viene a comprobar si estas en condiciones de que te den un sello con el que decir que eres más verde que otro. Y como pagas mandas. Al fin y al cabo, la auditoría del sistema de gestión ambiental ISO 14.001 no es una auditoría de requisitos legales. Que tienes una industria en marcha algo público y notorio, ¿por qué tendría un auditor que pedirte la licencia de actividad? ¿por qué querría comprobar si tienes en orden la gestión de residuos cuando tienes un documento donde dices que lo haces? Los papeles dicen que el sistema está implantado, no da tiempo a meternos con todos los detalles en cada auditoría...
Así pues, el titular y los datos son muy bonitos. Las publicaciones de Responsabilidad Social Corporativa los llevan a lugares destacados y los difunden ampliamente: hay que hacer ruido y mover el mercado de la certificación ambiental, todavía quedan cientos de miles de organizaciones que no han entrado por el aro de la 14.001. Por no hablar de las posibilidades de generación de empleo verde. Pero ¿qué pasa con el medio ambiente? ¿tenemos indicadores transparentes que nos hablen de cómo evoluciona el comportamiento de nuestras empresas? ¿sabemos si están cumpliendo las leyes que las obligan a depurar sus vertidos? ¿tenemos idea de lo que emiten a la atmósfera? ¿gestionan los residuos adecuadamente? ¿de dónde sacan las materias primas? ¿en qué condiciones trabajan sus empleados? ¿cómo tratan a sus clientes? ¿dejan dormir a sus vecinos? La sostenibilidad no es pintar de verde la oficina comercial.
Como en otros ámbitos de gestión empresarial, muchas organizaciones prefieren ponerse chapitas y darse publicidad a coger el toro por los cuernos conociendo y cumpliendo todas sus obligaciones legales. No son muchas las empresas que puedan sacar pecho por el respeto escrupuloso a los derechos de sus trabajadores, clientes y terceras partes implicadas. En un país democrático y medianamente civilizado debería ser suficiente con cumplir la legislación aplicable, que por cierto, es pública y está publicada. Pero es más costoso asumir la responsabilidad y dejar que los hechos hablen por sí solos, que pagar a terceros por publicitarnos mientras nos escondemos debajo de una buena capa de maquillaje.
La Carta de Aalborg cumple años.
Un 27 de mayo, el de 1994, los participantes en la "Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles", celebrada en Aalborg (Dinamarca), firmaron la "Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad".
Esta carta plasma el compromiso para el desarrollo de iniciativas locales en apoyo del Programa 21. Los municipios firmantes la adoptan como declaración de intenciones a concretar en un modelo de gestión a largo plazo, basado en la implicación de los distintos agentes locales y el fomento de la participación ciudadana en el diseño y la ejecución de un modelo de desarrollo basado en los pilares de la sostenibilidad.
La efeméride podría haber pasado desapercibida, de no ser por que, precisamente hoy, les he presentado el documento (tal y como fue aprobado) a los alumnos del curso de Gestión de Programas de Turismo Rural. El observador Gustavo nos ha llamado la atención sobre la curiosa coincidencia. Su ojo crítico también nos ha hecho notar que de las 1195 ciudades y municipios españoles que han adquirido este compromiso con la sostenibilidad ninguna está entre las 50 más ecológicas de un estudio publicado ayer.
La Oficina Técnica de Agenda 21 Local de la Comunidad de Madrid publica informes periódicos sobre el estado de la cuestión en la región. También dispone de una recopilación de documentación sobre Agenda 21, que puede ser un buen comienzo para aquellos a los que en estos 16 años nunca habían oído hablar de la Carta de Aalborg. A la vista de los pobres resultados de participación no son pocos.
Una nueva etapa para la etiqueta ecológica.
Hoy, 19 de febrero de 2010, ha entrado en vigor el Reglamento (CE) número 66/2010 del Parlamento europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE. Viene a sustituir al Reglamento (CE) número 1980/2000, y pretende actualizar el sistema para el aumentar su eficacia y racionalizar su funcionamiento.
La actualización del sistema de la ecoetiqueta llega en un momento en el que, por primera vez en la historia de España, vemos como algo habitual anunciantes que promocionan productos acogidos a la ecoetiqueta: desde carteles en los autobuses referidos a productos de papel tisú a campañas televisivas de productos de limpieza. En internet podemos consultar el catálogo de productos y servicios acogidos al sistema europeo de etiquetado ecológico.
El objetivo de la etiqueta ecológica europea es establecer un sistema que permita al consumidor disponer de información veraz sobre el comportamiento ambiental, a lo largo de todo su ciclo de vida, de los productos o servicios que consume. Frente a otros mecanismos de diferenciación verde, la ecoetiqueta propone una serie de requisitos y criterios transparentes y homogéneos por categorías de productos. Aquellos que ponen en el mercado productos o servicios que cumplen las características necesarias para que puedan considerarse ecológicos pueden utilizar el distintivo.
No es el único sistema avalado por la Unión Europea para garantizar la información sobre el comportamiento ambiental, que a su vez se comporta de muchas variables. En este sentido, el reglamento de etiquetado ecológico convive con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. Por otro lado también contamos con el nuevo distintivo relativo a la producción ecológica de productos agrarios, contemplado en el Reglamento (CE) 834/2007. Adicionalmente, para completar el esquema, queda mencionar el Reglamento EMAS, que se refiere a la gestión ambiental de organizaciones.
Trabajo es trabajo.
No me gusta hablar de trabajo fuera del horario. Hasta el extremo que algunas personas de mi entorno me han llegado a preguntar si me dedico a algo "chungo", que si era espía o algo peor. Y mira que mi ocupación aborda asuntos interesantes. Y me siento orgulloso de según que metas alcanzadas por cuenta ajena. De vez en cuando generalizo a "consultor ambiental", por aquello de la creatividad y en un intento de difuminar los contornos, pero no hay manera. El trabajo es el tiempo que vendo a cambio de dinero, contrato mediante. Y eso tiene unas implicaciones concretas: condiciona tu relación con la empresa, con sus clientes, los recursos disponibles, la organización... Por muchas películas que nos queramos montar: trabajo mata y no se hace solo.
Un poco por entrar al trapo de Julen, y otro por reflexionarlo en voz alta: no, no me siento definido por mi trabajo. Me gusta y posiblemente podría realizarme a través de él, pero hago un importante esfuerzo por que mi ocupación laboral por cuenta ajena ocupe su justo espacio - tiempo. Después de algún tiempo de exposición a sales de cromo y sumar unas recientes cicatrices a la lista, he conseguido que no pase de las 30 horas semanales. Por supuesto que la vida es un sistema complejo de compartimentos intercomunicados, pero no conozco a nadie que se hiciese rico trabajando, y poco a poco voy encontrando alternativas de subsistencia cada vez más interesantes.
Volviendo al comportamiento gaseoso del trabajo, es bueno experimentar en primera persona que una jornada de 30 horas en horario flexible deja tiempo para sorprenderse a uno mismo ampliando vocabulario, oteando horizontes, comiendo pipas junto a un hormiguero, sensibilizando al personal, o haciendo ñapas para los amigos o no tanto, con o sin lucro, pero con cariño.
Mi profesor de ciencias naturales relativizaba las notas diciendo que hasta que no encontrásemos algo en lo que dar nuestro máximo nos dedicaríamos a saltar obstáculos con más o menos margen de tropiezo. Suponiendo que eso se elija, no se si algún día dejaré que una profesión sea el eje vertebrador de mi vida, pero ya me gustaría vivir de modo que no implicase someterme cada semana durante 30 horas para poder subsistir. Mientras tanto y salvo que alguien me saque del error, creo haber aprendido que lo máximo esperable de un trabajo, llegado el momento, es lo que firmaste en el contrato. De la vida espero algo distinto.
Empleos verdes, más allá de la política.
© Greenpeace / Kate Davison
Empecemos con una anécdota: Van Jones, consejero especial para "empleos verdes", empresa e innovación de la Casa Blanca, presenta su dimisión el 5 de septiembre de 2009.
¿Qué son empleos verdes? Llevamos tiempo hablando de empleo en el "sector ambiental", ocupaciones relacionadas con el medio ambiente y la riqueza que generan. Hay estudios de fundaciones, empresas consultoras, entidades de formación... Tal vez los trabajos más destacables, por su proximidad a lo que podríamos considerar “formal”, sean los desarrollados por el Servicio Público de Empleo Estatal.
En este caso, “formal” es la Clasificación Nacional de Ocupaciones, anterior a uno de los hitos que desencadenan la oleada de publicaciones relacionadas con el empleo verde: la norma ISO 14001 de 1996. En pleno proceso de revisión, la Clasificación Nacional de Ocupaciones es el instrumento que, quizá algún día, nos permitirá hacer estadísticas fiables y trazables en lo que a empleo (verde o de otros colores) se refiere. Eso suponiendo que las estadísticas oficiales pudieran reflejar un sector tan "amplio" y "dinámico" como el de la sostenibilidad. No está de más recordar que hay diversos colectivos profesionales que llevan luchando más de una década por su incorporación en estos listados de oficiales, entre otras cosas para poder inscribirse adecuadamente como demandantes de empleo en el INEM.
Salgo del ciclo de conferencias de EOI pensando que el asunto de los "Green Jobs" es una cuestión política. Lo que no tengo tan claro es si nuestra clase política está dispuesta a actualizar los mecanismos que en nuestro mercado de trabajo garantizarían la trazabilidad a los datos que se nos presentan.
Por cierto, una vez concluido que no sabemos qué sumar en concepto de "greenjob", no se si es sostenible seguir publicando estudios sobre el empleo verde. Lo que sí está empezando a ser insostenible, en el eje social, es que los ciudadanos particulares (no sólo la sociedad civil) no puedan contrastar la información que reciben y participar efectivamente en los procesos de toma de decisiones. Sobre todo si se trata de la gestión de cuestiones de interés general, como son a día de hoy el empleo y el medio ambiente... o los residuos de envases.
Otra anécdota para terminar: en respuesta al Informe de la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional el día 2 de septiembre de 2009, el sábado 19 de septiembre de 2009 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1462/2009, de 18 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, y por el que se establecen medidas complementarias de prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte.