El acto fue políticamente correcto. Desde la conducción del mismo a cuenta del cargo político de turno, hasta la participación de una fila cero cuidadosamente escogida. La única queja formal de esa fila se refería a la falta de información adecuada y datos relevantes. Tal vez resulta difícil de entender cuando te acaban de entregar un volumen de un tamaño totalmente insostenible. Pero se puede comprender fácilmente si buscamos la trazabilidad entre los indicadores presentados y las fuentes: ¿Dónde están los datos oficiales sobre gestión de residuos? ¿De dónde salen los de depuración de aguas?

Más queja: la relativa a la escasa atención que se presta desde la clase política a la evaluación anual del OSE. A pesar de ellos, se dijo en la sala, seguimos por la senda de la insostenibilidad, de la que apenas nos hemos desviado un poco por los avances sobrevenidos de la situación de crisis económica que vivimos. Esta queja da pie a la reivindicación, por parte del cargo político, del esfuerzo colectivo y el margen de maniobra que reflejan los datos del informe Sostenibilidad en España 2010.

La presentación de este informe y el discurso alrededor del mismo me dejan cierta inquietud. Me asusta que se presente como "el documento" a utilizar por los ciudadanos particulares y organizaciones no gubernamentales para estar al día de lo que ocurre, en cuestiones de sostenibilidad, en España. No voy a discutir la necesidad de esfuerzos de elaboración y recopilación de información, entre los que me gustaría destacar el Perfil Ambiental de España y la memoria El medio ambiente y el medio rural y marino en España. Pero, en los tiempos que corren, un foro como el que ayer se reunía en la presentación del informe de Sostenibilidad en España 2010, debe ser crítico y exigente con la aplicación de la normativa relativa al acceso a la información y participación en materia ambiental. No se hasta que punto debemos permitir que un político nos venda como buena la interpretación de la situación ambiental realizada por parte de una organización cuya "cierta independencia" (en palabras del Director Ejecutivo del OSE) genera dudas más que razonables.

En este sentido, tengo la impresión de que el sector ambiental, al menos el que se reúne en los foros del OSE, vive un poco ajeno a los movimientos relativos a la apertura de los datos públicos y el gobierno abierto: la transparencia ya no es una opción. Alorza lo explica muy bien:

Durante el pasado CONAMA amigos de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) me presentaron el estudio que han realizado comparando las páginas web de información ambiental de las distintas comunidades autónomas: "La información ambiental en la sociedad de la información: Una aproximación al estudio sobre la calidad de la información ambiental autonómica en la red".  El estudio analiza cómo las distintas comunidades autónomas utilizan Internet en relación a la aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

El objetivo general de este análisis es analizar por un lado el nivel de contenidos de información ambiental que poseen las comunidades autónomas en la red y por otro lado las necesidades que debería cubrir un estudio completo de información ambiental autonómica en la red que sirviese como revisión periódica y comparativa entre las administraciones autonómicas para fomentar su mejora.

Un trabajo de chinos en el que habrían intervenido, según el propio documento, 12 personas. Han analizado las páginas web autonómicas de referencia en materia ambiental, así como los portales específicos para temáticas concretas cuando estaban claramente enlazados desde la web principal.

Se ha realizado dos tipos de análisis diferentes:

- Análisis temático, relacionado con el contenido de los distintos espacios web sobre algunas de las principales temáticas de carácter ambiental (agua, residuos, biodiversidad, etc.).

- Análisis sobre prestaciones generales y herramientas web, que analiza qué instrumentos y aplicaciones posee el espacio web de cada autonomía que permite una mejor navegación, búsqueda de información, actualización de la información, aprovechamiento de los contenidos, etc.

Tal y como se plantea en el documento se trata de una primera aproximación. Presentando este documento en CONAMA 10, ACA pretende llamar la atención sobre el papel de Internet en la difusión de información ambiental. CONAMA, históricamente, ha reunido mesas de trabajo en relación a esta materia, luego era el lugar y momento para como conseguir comentarios y apoyos que permitan realizar un análisis más profundo y detallado.

En cuanto a los resultados del estudio... pasen y vean. La "prensa especializada" está escupiendo titulares que van a levantar ampollas entre los retratados. Esos titulares también están dejando comentarios sarcásticos de los sufridos usuarios. Por mi parte, destacar algo que no es tan evidente: los portales institucionales son tan complejos y están tan mal organizados que ni siquiera un grupo de 12 personas especializadas y con el propósito de realizar un análisis riguroso son capaces de encontrar algunos de los contenidos ambientales más importantes. Un ejemplo: aquí están los datos de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid.

Por si fuesen de interés, aquí dejo unas aportaciones sobre aspectos a considerar en futuras ediciones del estudio:

- Comprobaría si la información ambiental disponible en los portales institucionales satisface las obligaciones previstas en la propia Ley 27/2006: Cada vez más, algunos gobiernos utilizan los portales institucionales para hacer propaganda política y no para ofrecer contenidos de interés general. Un análisis por áreas temáticas puede obviar este aspecto, en tanto que da valor a la presencia de contenidos pero no evalúa si esos contenidos pueden responden al mandato legal que deberían cumplir los portales institucionales.

- Tirando de este hilo me plantearía para cada página web, como primera pregunta: ¿se informa a los ciudadanos sobre los derechos contemplados en la Ley 27/2006 y la forma de hacerlos efectivos?

- Estudiaría si las autoridades ambientales satisfacen los requisitos, entre otras, de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público: no se trata sólo de poner información ambiental a disposición del público, también debe permitirse la reutilización de la información ambiental.

- En la línea anterior, deberían considerarse, en cualquier caso: las licencias empleadas para la publicación de esos contenidos web, así como si se citan las fuentes de procedencia de la información y, sobre todo, si se muestran las fechas de actualización de los datos.

- ¿Cómo llevamos la aplicación de la Directiva Inspire y sus metadatos? En el apartado de cartografía no basta con que salgan mapas bonitos: la información georreferenciada tiene una serie de parámetros de calidad que, necesariamente, se deben cumplir para que podamos considerar que la Administración cumple sus obligaciones en este sentido.

- Otra norma cuya aplicación a la información ambiental sería interesante estudiar es la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. En ella se abordan conceptos como la interoperatividad, la neutralidad tecnológica, los estándares abiertos... ¿Contribuyen las autoridades ambientales a mantener una red neutral?

- Ya puestos ¿qué hay del software libre? ¿utilizan las autoridades ambientales software libre? ¿permiten que los usuarios de información ambiental puedan acceder a ella y reutilizarla utilizando software libre?.

- La Ley 27/2006 regula el acceso a la información, pero también la participación pública en materia de medio ambiente, por lo que un estudio en este sentido debería contemplar las herramientas de participación que, en su caso, se estuviesen incorporando en los portales institucionales. En este sentido habría que comprobar si esa participación es real y efectiva o sólo para cubrir el expediente.

- Incorporación de herramientas web 2.0: sí, es interesante estudiar en qué medida se emplean, siempre y cuando no sean la excusa perfecta para sepultar dinero público sin atender al interés general. Pero antes de hablar de wikis y blogs ¿disponemos de sistemas de suscripción a contenidos?

- Y todo esto sin olvidar un aspecto clave ¿qué posibilidades de acceso a los contenidos disponibles en Internet tiene un ciudadano que está al otro lado de la brecha digital?

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La viñeta de Mauro Entrialgo que ilustra esta entrada la conocí gracias a Alorza.

"La Línea Verde es una iniciativa del Ayuntamiento de "ponga aquí su nombre" para proporcionar un servicio de consultas medioambientales para las empresas del municipio."

Soluciones institucionales de copiar y pegar, ideal para municipios "concienciados" con el medio ambiente. Una lista no exhaustiva:

lineaverdesanfernando.com
lineaverdegetafe.com
lineaverdeleganes.com
lineaverdefuenlabrada.com
lineaverdehumanes.com
lineaverdemerida.com
lineaverdealbacete.com
lineaverdetalavera.com

"Un grupo de expertos se pondrán en contacto con usted en un plazo máximo de 24 horas para responder a sus preguntas de manera personalizada, contrastada y fiable, sin coste alguno para las empresas. Cubre diversos ámbitos en materia ambiental: legislación, trámites administrativos, noticias, eventos de interés, ayudas y subvenciones, etc"

Que no está mal que el Ayuntamiento financie consultoría privada a quien no se lo pueda permitir, pero me queda la duda de como encajan esto con el interés general y el procedimiento administrativo. Resultaría gracioso que alguien se estuviese sacando un sobresueldo a la par que deja los vecinos que pagan su salario en la más absoluta indefensión. ¿Es La Línea Verde de... una autoridad ambiental en el sentido de la Ley 27/2006?.

De momento, algunos ayuntamientos estrenan el servicio con mentiras en el blog del alcalde:

"San Fernando se convierte en el primer municipio del Corredor del Henares con un servicio gratuito de consultas medioambientales para vecinos/as y empresarios/as."

Como si el Ayuntamiento, por ejemplo, de Alcalá de Henares no tuviese resuelto el asunto desde hace tiempo.

Del portal estándar "La Línea Verde de..." me llaman poderosamente la atención los repositorios de documentación y manuales prácticos: guardados bajo clave para que sólo los puedan consultar los privilegiados usuarios de la plataforma municipal ¿Serán los mismos en todos los portales o estarán convenientemente personalizados a cada realidad local? ¿Diferirán mucho de las publicaciones y manuales sobre gestión ambiental que pueblan otros portales institucionales? Seguro que tampoco tienen nada que ver con los ofrecidos en otros directorios de empresas.

En definitiva, un servicio ideal para quien no conozca las preguntas frecuentes en las webs de administraciones públicas, desprecie las publicaciones institucionales de gestión ambiental, o, en general, pase de los recursos públicos de información ambiental.

Curiosidad mal sana ¿qué habrá en la sección de enlaces de "La Línea Verde de..."?

"El dictamen, que la Junta estudia convertir en ley, ha sido elaborado por la consultora de urbanismo Cotesa, que cobró 165.420 euros de la comunidad por el trabajo y que ayer no quiso comentar la aparición, sin citar la fuente, de párrafos idénticos a los que se pueden encontrar en la Red."

Nada nuevo bajo el sol. No creo que sea grave utilizar trabajos preexistentes para elaborar unas Directrices de Ordenación del Territorio o su informe de sostenibilidad ambiental. Lo preocupante es que no se citen las fuentes y que estas no se seleccionen con un criterio adecuado. Incluso podría ser deseable que el trabajo consistiese en revisión bibliográfica, incluyendo aportaciones innovadoras de frescos trabajos académicos.

La liebre ha saltado durante el periodo de exposición pública del documento, por lo que me reafirmo en mi creencia sobre el beneficio que aportan, tanto para la protección del medio ambiente como para la profesionalización del sector ambiental, la posibilidad de acceso a la información ambiental y los procesos de participación pública. Y aprovecho la ocasión para seguir reivindicando el uso de licencias creative commons, o similares, en estudios ambientales destinados a procedimientos administrativos, especialmente de evaluación ambiental, tanto para facilitar su deseable consulta y reutilización como para indicar la forma en que deberían citarse:

"La Junta anunció ayer que procedía "inmediatamente a rescindir el contrato con Cotesa" y consideró "inadmisible" su actuación. La tramitación de las directrices queda suspendida hasta que la Junta decida cómo salir de esta. Fuentes próximas al caso consideran que con este informe los trámites son inviables y eso puede suponer el tiro de gracia para la estación de esquí de San Glorio, que el Tribunal de Castilla y León tumbó en 2008 por carecer de respaldo científico y que se vuelven a quedar sin aval técnico."

"...sacó a exposición pública un documento que incluye notas al margen de los autores. En la página 177, uno de ellos apunta: "Completar. Carlos se te ocurre cómo. No me gustaría copiar de la web". Al final copió los siguientes párrafos. El informe incluye extractos hasta de la web El Rincón del Vago, entre otros muchos plagios."

La cuestión plantea otros interesantes debates:

"Tira a la basura los dos años de trámites que Cotesa había iniciado y no es para menos. Tras el corta y pega descubierto, cualquier gestión queda en cuarentena. La pregunta ahora es si esto se habría evitado si en lugar de recurrir a una consultora externa hubieran sido los técnicos de la administración los encargados de hacer el trabajo. Todo estaría más controlado."

No digo que un buen estudio, tomando en serio el impacto ambiental de la actuación, hubiese conseguido mostrar como admisible la estación de esquí. Al menos, hubiese evitado la polémica sobre la forma en que los políticos muestran su sensibilidad por el entorno natural y el modo en la que realizan una propuesta normativa de ordenación del territorio.

El lujo de haber podido participar en la Mesa sobre la aplicación de la Ley 27/2006 de acceso a la información ambiental y el placer de  compartir con un grupo lleno de pioneros en la materia, se completan con el orgullo de contar con mi propia ficha en la web del CONAMA.

Vídeo incluido (he tenido que utilizar VLC para abrirlo). Si vas a verlo te recomiendo que tengas cerca el documento de la ponencia, que incluye la presentación y algunas ideas que se quedaron en el tintero. También incluye algunas viñetas del maestro del humor sobre funcionarios, tal y como aprendí de otros que hablan sobre el tema. Esta ponencia se completa y amplía con la comunicación técnica "Modernización del Área de Información y Documentación Ambiental: SINA". Las miradas furtivas en el vídeo buscan la complicidad de otros perpetrantes de ese documento.

Lo dicho, espero que disfruten... yo me voy a seguir buceando por la web de CONAMA, a ver si he quedado registrado en mi papel de ciudadano excéptico, soltando preguntas impretinentes. Esto... si encuentro alguno de esos vídeos... ya los enlazo otro día.

Desde la óptica de este ciudadano, el acceso a la información ambiental en poder de las autoridades públicas permitiría una mayor concienciación y educación ambiental, siendo un instrumento indispensable para intervenir con conocimiento de causa en los asuntos públicos (o algo así pone en la exposición de motivos de la Ley 27/2006). Del mismo modo, para los ciudadanos, el interés en la reutilización de la información generada desde instancias públicas es se debe a las posibilidades que ofrece en lo que a transparencia y participación democrática se refiere.

Pero los ciudadanos no son los únicos agentes afectados por estas normas. En el contexto de la sociedad de la información, la reutilización de la información se presenta como una oportunidad de negocio. Y por eso necesitamos unas reglas que garanticen un juego justo que, sobre todo, no pervierta las expectativas de transparencia y participación expresadas en el párrafo anterior.

Sin necesidad de nada de esto, la normativa sobre procedimiento administrativo común reconocía el derecho a copia sobre los documentos en poder de la Administración a los que un ciudadano tiene acceso. Las cuestiones pendientes eran ¿qué parte de esos documentos se puede reproducir? ¿qué se puede hacer el interesado con esas copias? alorza apunta una buena solución: la distinción entre datos y documentos.

Pero vamos a lo que habíamos venido, un caso concreto: evaluación de impacto ambiental (EIA).

En una aproximación grosera, la normativa establece, para el promotor que quiera desarrollar una nueva actividad, la necesidad de someterla a un procedimiento administrativo que incluye la evaluación de las repercusiones ambientales. Dicha evaluación se lleva a cabo sobre un estudio, elaborado a cuenta y riesgo del promotor de la actividad, que se somete a consultas previas de diversos agentes implicados, así como a información pública. Este paso tiene por objeto permitir la participación de ciudadanos y agentes interesados mediante la presentación formal de alegaciones a la documentación presentada por el promotor de la actividad.

Tradicionalmente, en la época oscura, la participación pública en estos procesos de toma de decisiones sobre cuestiones que afectan al medio ambiente estaba limitada por la posibilidad de consulta estos documentos, en formato papel, en los lugares y formas habilitados por la Administración competente. La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación están permitiendo, como resulta deseable, que la consulta de esos estudios pueda llevarse a cabo, cada vez más, a través de Internet. ¿Luz al final del túnel? Más flexibilidad de acceso permitiría una mayor transparencia y participación. Cualquiera podría leer la documentación y presentar sus alegaciones sin las tradicionales limitaciones debidas a la ubicación física y formato del estudio o los horarios de atención al público de la Administración.

Ahora el problema de la reutilización. Por ejemplo una organización de estudiantes de Ciencias Ambientales podría coger el propio documento sometido a información ambiental, despiezarlo en un wiki y preparar alegaciones punto por punto con la colaboración de otros estudiantes de otras materias abordadas en el estudio, asociaciones de afectados... También podría ocurrir que un profesor de la facultad presentase estos estudios en clase como ejemplos de buenas y malas prácticas a la hora de elaborar este tipo de estudios ambientales (bien pensado, el aura de clandestinidad que rodea esta sana práctica desaparecería y se perdería el encanto de estas asignaturas que dan acceso a documentos que solo algunos privilegiados pueden consultar, igual sería contraproducente).

Por otro lado, la disponibilidad en formato digital podría permitir, utilizando funciones básicas de cualquier procesador de textos, sustituir el nombre de la empresa, la ubicación… y utilizar el mismo documento que se presentó anteriormente. Esto no es sería ninguna novedad en un sector en el que el copy – paste está a la orden del día. El acceso, oportunidad para unos, se presenta como amenaza para otros.

¡Ojo! La transparencia que permite la facilidad de acceso y copieteo podría redundar en una mayor calidad de los trabajos relacionados con la evaluación ambiental, más y mejores puestos de trabajo, así como una mayor protección del medio y calidad ambiental de las actividades. Pero los incentivos perversos están allí: mayor carga de trabajo para la Administración encargada de tramitar las alegaciones, más pegas para el promotor de la actividad, menos ingresos para según que modelos de negocio de consultoría ambiental… En el caso particular de la evaluación ambiental, esta lista no exhaustiva de incentivos perversos es el mejor aliado para los que quieren poner puertas al campo de la información.

En resumen: el derecho de acceso a la información se fundamenta en un interés general de transparencia y participación democrática, mientras que el sistema de reutilización garantizaría que esa transparencia y esa participación no están condicionadas por intereses particulares. Todo ello con el máximo respeto a los derechos de todas las partes implicadas, con independencia de su capacidad monetaria o su poder político.

“El 60% de los residuos sólidos urbanos que generó España en 2007 acabó en un vertedero”.

La gestión de residuos es un asunto tan complejo como apasionante, por eso interpretar los datos requiere poner un poco de atención.

Lo primero que podríamos cuestionar es, precisamente, los datos. ¿De dónde salen? ¿Cómo se calculan? Es relativamente sencillo encontrar cifras distintas para el mismo dato publicado por distintas fuentes. Un estudio bibliográfico nos permitiría ver la evolución de la tasa de generación de residuos, no sólo a lo largo del tiempo, también para un mismo año y territorio en diversas publicaciones. A partir de aquí cualquier afirmación sobre los datos hay que cogerla con pinzas. Vamos a lo que publica la prensa:

“A estos datos, publicados a principios de marzo por la oficina estadística de la UE (Eurostat), hay que añadir los del Plan Nacional Integrado de Residuos del Ministerio de Medio Ambiente, donde se advierte de que apenas el 14% de los residuos urbanos se arroja al contenedor apropiado.
El 86% restante se traslada, en teoría, a plantas clasificadoras, lo que demuestra que la separación en origen no funciona, pese a que los ciudadanos están concienciados con el reciclaje. O eso afirman. Según una encuesta efectuada en 2008 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 95,5% de los españoles separa los residuos en su casa.”

En teoría, el 100% de los residuos depositados en un contenedor tiene que recibir algún tipo de tratamiento antes de llegar a vertedero. Esta separación 14 / 86 encierra alguna verdad a medias: el lugar al que lleven los camiones de recogida nuestra basura no dice nada de cómo la hemos depositado. Sin saber más sobre los datos, para manejarlos con propiedad hablaríamos, bien de un 14% de residuos que no entran en el sistema de recogida selectiva (no se depositan en contenedores), bien de que sólo el 86% de los residuos generados recibe tratamiento. En cualquier caso, concluir que la separación en origen no funciona, resulta algo precipitado.

Efectivamente, en un sistema basado en la recogida selectiva de residuos, un paso crítico pudiera ser depositar los residuos en los contenedores adecuados. Y si se detecta que esto no ocurre tenemos dos opciones, culpar a los ciudadanos o hacernos preguntas. Yo me planteo seriamente ¿por qué si el volumen que ocupan los envases en mi domicilio es más de la mitad del total de los residuos generados, cuando salgo a la calle encuentro un contenedor amarillo por cada tres de fracción "resto"?

“Y ni siquiera todo lo que se arroja en España a dichos contenedores es apto para el reciclaje: en los contenedores amarillos se tira un 25% de impropios (es decir, basura que debería ir por otro cauce), según la industria.”

Impropios… bonito palabro ¿qué es impropio? Básicamente, si tienes una botella de plástico y una rueda de un triciclo del mismo material, en el contenedor amarillo la rueda del triciclo será considerada impropio. ¿Por qué? Es una buena pregunta si nos planteamos que el reciclaje, técnicamente hablando, se fundamenta en las propiedades físico químicas de los materiales. La respuesta la encontramos en el aspecto monetario del asunto. El fabricante de la botella de plástico pagó un canon porque lo suyo era un envase, mientras que el de la rueda del triciclo no pagó ese canon. Y claro parece que los representantes de los fabricantes de envases no quieren reconocer como propios los residuos de otros.

De todos modos, ¿por qué las estadísticas publicadas en la prensa consideran impropios distintos residuos de productos del mismo material depositadas en el mismo contenedor? La economía funciona a base de incentivos perversos, que afloran especialmente cuando la gestión de servicios públicos en infraestructuras construidas sobre la base del interés general se dejan en manos privadas. Pero esto también merece otro capítulo más detallado.

“En todo caso, y ante la duda, es preferible acudir a los puntos limpios que los ayuntamientos tienen habilitados para recuperar los residuos menos habituales, como baterías, fluorescentes, medicamentos, textil, madera, etcétera. O tirarlo al contenedor gris ya que, en principio, su contenido pasará por una planta clasificadora.”

Antes de comentar este punto conviene aclarar que los fabricantes de envases tienen un peso específico muy importante en la toma de decisiones en materia de residuos, especialmente en lo que al contenedor amarillo se refiere.

Siempre en teoría, los contenedores amarillos van a plantas destinadas a recuperar materiales como plásticos, metales… mientras que el otro contenedor, “el gris”, va a plantas destinadas a recuperar materia orgánica. Si tiras cualquier cosa en el contenedor gris puedes estar contaminando irreversiblemente el abono que se obtendría de la gestión, ecológicamente más adecuada, de la fracción orgánica de tus residuos. Pero eso a la prensa parece no importarle mucho: seguramente será motivo de bonitos y jugosos titulares en unos años.

“En las empresas que gestionan los residuos y en el Ministerio de Medio Ambiente se agarran a la evolución positiva de los datos para afirmar que las cosas se hacen bien si se tiene en cuenta que España se sumó al tren del reciclado bastante tarde, en 1997. Sin embargo, organizaciones ecologistas ven la realidad de otra manera. Desde Ecologistas en Acción se apunta a las Administraciones regionales y locales como responsables de los fallos del sistema y diferencian aquellas que sí presentan políticas proactivas para la gestión de residuos”.

Dime lo que valoras y te diré lo que mido. Supongo que los agentes privados que gestionan los residuos pueden justificar su trabajo de cara a Administración, pero ¿podemos encontrar datos trazables que nos indiquen cómo estamos en relación a los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de residuos? Me parece curioso lo fácil que es encontrar los planes de gestión de las distintas Administraciones con sus ambiciosos objetivos y sus atractivas dotaciones presupuestarias pero ¿dónde están los resultados y su análisis objetivo?

Volviendo atrás en el artículo leemos:

“La OCU asegura que sabemos dónde tirar un envase de vidrio, de papel o de plástico, pero cuando el residuo es otro, parece no estar tan claro: ¿dónde arrojamos un aerosol, una pila, un vaso roto o una bombilla fundida? El problema al que se enfrenta el ciudadano a la hora de separar su basura es el desconocimiento.”

Por triste que parezca, no es que el ciudadano no sepa separar su basura: es que en muchos casos no existe la posibilidad real de hacerlo.

Supongo que los que depositamos la basura cuando los contenedores están vacíos podemos elegir dónde colocar nuestras bolsas, pero ¿qué ocurre cuando uno acude a dejar sus residuos y el contenedor amarillo está lleno?

¿Han probado a llevar algo “raro” a un punto limpio? En algunos intentar depositar un CD o una cinta de cassette es todo un drama. De las radiografías o del delicado asunto de los medicamentos caducados, mejor no hablamos.

Por otro lado, la práctica evidencia que la separación domiciliaria no es imprescindible para el reciclado de los residuos. Países de nuestro entorno económico se han planteado en diversos momentos de su experiencia en gestión de residuos abandonar los sistemas de recogida selectiva, precisamente, por el coste que implica para los ciudadanos. Un coste que puede ser asumido tanto por los fabricantes de productos que con el uso se convierten en residuos (justo como se establece en la normativa vigente), como mediante el uso adecuado de los recursos disponibles en las administraciones públicas competentes en la gestión de residuos. Esto sería tema de una serie completa que iremos desarrollando.

Después de toda esta parrafada, me vas a permitir unas conclusiones, si has llegado hasta aquí lo mismo las estas buscando:

• En general no podemos presumir de disponer de buenos datos en lo que a nuestra gestión de residuos se refiere. La trazabilidad de lo que se publica en diversos informes, incluyendo los “oficiales” es más que cuestionable. Y lo que de aquí salta a la prensa merece una aclaración del estilo “cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.
• Hay muchas formas de interpretar los mismos datos. A la prensa suelen llegar las interpretaciones de los anunciantes y los amigos de los anunciantes, cuyo punto de vista no tiene por qué coincidir con el interés general o con la realidad del común de los ciudadanos.
• Resulta muy significativo que en un artículo de prensa se hable del “contenedor gris” cuando existe un buen número de poblaciones que no tienen ningún contenedor de este color. ¿Se ha preguntado el periodista que publica la noticia cuantos tienen, si quiera, un sistema de recogida selectiva implantado?
• Que el 60% de los residuos generados en España acabe en un vertedero no es culpa de los españoles, de su voluntad o de su nivel de formación en materia de residuos.

La Constitución Española garantiza la libertad religiosa y de culto. La normativa de protección de datos de carácter personal considera, entre otros, la religión que profese cada uno como dato especialmente protegido.

Con la polémica de los anuncios en los autobuses, los medios de manipulación de masas y la web 2.0 se están llenando de información sobre las creencias religiosas del personal. Por supuesto, en la mayoría de los casos, información revelada de forma voluntaria. Hasta aquí todo bien. Lo que me ha llamado la atención es la cantidad de personas que se declaran "ateas" y que, en realidad, están aprovechando para dar caña gratuita a la Iglesia Católica a cuenta de la campaña publicitaria de la Iglesia Evangélica. Me inquieta (más que el asunto de las sinergias y la información emergente) la forma en la que estamos permitiendo que nuestros periodistas vacíen de contenido palabras como "fanático", "tolerante", "respeto", "libertad",...

Los titulares sobre las caceroladas en Rivas - Vaciamadrid me han recordado la anécdota que contaba una persona sobre la sensibilidad que había adquirido en relación a la causa palestina gracias a las monjas del colegio religioso en el que estudiaba que la obligaron a rezar en protesta por uno de los episodios de la guerra entre judíos y palestinos y para pedir que la masacre no extendiese a escala mundial.

Resumiendo: que si necesitas información meteorológica pregunta a la Agencia Estatal de Meteorología. Recuerda que un pronóstico es sólo un pronóstico.

Y si solicitas información ambiental a una autoridad pública, evita añadir datos sobre creencias religiosas, ideología política... no aportan nada y complican el tratamiento de tu consulta.

Así se recoge en el texto del Convenido de Aarhus

Reconociendo que, en la esfera del medio ambiente, un mejor acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de decisiones permiten tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente, contribuyen a sensibilizar al público respecto de los problemas ambientales, le dan la posibilidad de expresar sus preocupaciones y ayudan a las autoridades públicas a tenerlas debidamente en cuenta.

Y así lo refleja el artículo 3 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

En la norma se establece que todos podrán acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas.

Y dice "todos". Sin hablar de organizaciones ecologistas, asociaciones legitimadas, personas con la condición de interesado... "todos".

Es más, esos "todos" ni si quiera están obligados a declarar un interés determinado en el ejercicio de su derecho de acceso a la información ambiental. Bonito ¿verdad? Si pido información ambiental no tengo que alegar un interés, una finalidad o ni decir para qué voy a emplear esa información. Todos pueden acceder a la información ambiental sin justificar para que la quieren.

Esos "todos", también según la Ley 27/2006, lo son cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede.

Información ambiental para todos. Por supuesto, siempre dentro de los límites que marcan la ley y el orden.

Artículo 3. Derechos en materia de medio ambiente

Para hacer efectivos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, todos podrán ejercer los siguientes derechos en sus relaciones con las autoridades públicas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y con lo establecido en el artículo 7 del Código Civil:
1) En relación con el acceso a la información:
a) A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede.

“A fin de contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar, cada Parte garantizará los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales de conformidad con las disposiciones de la presente Convención.”

En plenas vacaciones estivales se realizó una primera etapa, cuyo resultado, tal y como se recoge en el borrador, indica que:

“…la participación directa de los ciudadanos en general y de las asociaciones y ONG ha sido limitada en esta primera consulta.”

El borrador resultante de la consulta veraniega, incluyendo la píldora citada, se somete a consulta pública para que se puedan formular las observaciones y comentarios que se estimen oportunos en relación con la forma en la que han cumplido el Convenio las Administraciones públicas afectadas.

Podemos hacer dos lecturas (o más) de la frase. Una sobre lo contento que está todo el mundo sobre la forma en la que se está dando cumplimiento al Convenio de Aarhus. Otra, un poco menos rosa, sería atribuir parte de la “limitada” participación en este proceso se debe al escaso conocimiento que los ciudadanos tenemos del citado Convenio y sus implicaciones.

El profesional de la información ambiental que llevo dentro se siente un poco culpable y le surgen algunas dudas que le parecen razonables. ¿Por qué una consulta sobre el cumplimiento de aquel objetivo tan utópico genera una “participación limitada” por parte de los ciudadanos, sus asociaciones y las ONG? ¿Es necesario revisar los procesos de participación pública? ¿Es accesible a los ciudadanos la información ambiental disponible en Internet? ¿Realmente están garantizados los derechos de acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente?

Si tienes interés en participar ya sabes:

“El plazo para presentar alegaciones u observaciones será de un mes y medio a partir de la fecha de publicación del citado borrador, concluyendo el día 26 enero de 2009, y habrán de enviarse a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación: buzon-aarhus@mma.es”

Si estás en la creencia de que esto del acceso a la información y la participación en materia de medio ambiente ni te va ni te viene, te recomendaría dos interesantes lecturas sobre el Convenio de Aarhus y su aplicación práctica son las guías elaboradas por el Gobierno Vasco derecho a conocer y derecho a participar. También está bien la Guía sobre el Acceso a la Justicia Ambiental.

Para ampliar sobre el tema son más que interesantes las presentaciones de la Mesa Redonda Aplicación de la Ley 27/2006 de acceso a la información ambiental.